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POLÍTICA NACIONAL

La propuesta de renovación del CGPJ subleva a la oposición

PSOE y Podemos apuestan por reducir la mayoría necesaria para ello

La propuesta de renovación del CGPJ subleva a la oposición
La propuesta de renovación del CGPJ subleva a la oposición
EFE

MADRID.- La propuesta del PSOE y de Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sublevado a la oposición, que recurrirá al Constitucional, y a los jueces, que temen que la institución quede en manos del Gobierno.

PSOE y Unidas Podemos sostienen que su objetivo es superar el "bloqueo" al que somete el PP al órgano de gobierno de los jueces: está cerca de cumplir dos años en funciones, los populares se niegan a negociar nuevos nombres, y sin ellos hoy en día no hay renovación posible, ya que la ley exige que los vocales estén respaldados por tres quintos de las cámaras.

Según la propuesta presentada este martes en el Congreso por los grupos parlamentarios, doce de los veinte vocales (los de extracción judicial) podrían ser elegidos en segunda votación por mayoría absoluta. Los otros ocho miembros (juristas de reconocido prestigio) seguirían necesitando los tres quintos, ya que así lo marca la Constitución.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, defendió que la reforma mantiene "la exigencia de buscar el consenso en parlamentos fragmentados" y "obliga a buscar a acuerdos", mientras que, desde Unidas Podemos, Pablo Echenique afirmó que quieren "proteger al poder judicial" del desprestigio que le causa el líder de la oposición, Pablo Casado.

El Gobierno avala una reforma porque cree que la renovación del CGPJ es una "urgente necesidad", en palabras de su portavoz, María Jesús Montero, pero decidió dejar el polémico proyecto en manos de los grupos parlamentarios y no poner su firma en él.

Montero reconoce que así la tramitación será más rápida, pero rechaza que se haya querido esquivar a los órganos consultivos: si el proyecto lo hubiera presentado el Gobierno, debería recibir el informe del Consejo de Estado y del propio CGPJ, aunque su opinión no sería vinculante.

El PP anunció que recurrirá la reforma ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea al considerar que el Ejecutivo quiere "el poder absoluto" e imponer una dictadura: "Cuando se está buscando anular el papel de la oposición, esas conductas son dictatoriales y se alejan de la buena calidad democrática", advirtió su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

También Vox anunció que llevará al Constitucional una reforma en la que ve un "ataque directo a la democracia, al Estado y a las instituciones".

"Se confirma la infamia", denunció en el Congreso el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.

La reforma suscita recelos incluso en algunos de los socios de investidura del Ejecutivo, como Más País, que advierte que, aunque se trate de un órdago, "es un precedente peligroso a largo plazo" y apuesta por "trabajar para ensanchar los consensos, no para estrecharlos".

Desde la carrera judicial, tres de las cuatro asociaciones profesionales arremetieron duramente contra la propuesta, y sólo la progresista Jueces y Juezas para la Democracia ha visto legítimo que el Ejecutivo busque alternativas al bloqueo del PP.

"Un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y con prisas", porque la reforma deja todo "al albur del Ejecutivo", que pasa a "manejar y manipular el poder judicial" desde su mayoría parlamentaria, denunció la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) La Asociación Francisco de Vitoria tachó la iniciativa de "atentado, despropósito y disparate", y Foro Judicial Independiente dudó incluso de su constitucionalidad.

El Gobierno no duda de que la propuesta cuenta "con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo", señaló su portavoz tras el Consejo de Ministros, pero previsiblemente será el Constitucional el encargado de disipar las dudas, como ya le tocó hacer en 1986.

Entre 1980 y 1985, los jueces habían elegido directamente a los doce vocales de turno judicial, y el PSOE reformó la ley para que fueron designados por el Parlamento, con la mayoría de tres quintos que ahora se quiere dejar atrás.