Irene Montero, minista de Igualdad: "En España es imposible conciliar y el compromiso es cambiarlo"

MADRID.- ¿Cómo valora su primer año como ministra de Igualdad, que ha coincidido con el coronavirus?

-Para las mujeres ha sido especialmente difícil. Se han puesto negro sobre blanco muchos problemas estructurales que tiene este país. Por ejemplo, que es imposible conciliar, que las personas que sostienen los cuidados son las madres y las abuelas, también los colegios, y que cuando esos mecanismos se caen son las mujeres las que los llevan sobre sus hombros.

¿La pandemia ha acrecentado esos problemas?

-Ha hecho acuciante la necesidad de políticas de conciliación, de que los cuidados sean un derecho, y la importancia de los servicios públicos. Hay que fortalecer lo común y poner en el centro la vida de las mujeres, no frente a los hombres, sino para que todos vivamos mejor.

¿Qué medidas concretas van a adoptar?

-El problema no se va a resolver en una legislatura pero el compromiso del Gobierno es trabajar para cambiarlo. Como Gobierno hemos hecho cosas diferentes a lo que habrían hecho otros. Hemos protegido a la gente que más lo necesita. Pero también hemos dejado deudas pendientes. La más importante, con las mujeres. No ha habido ninguna respuesta a un problema urgente de conciliación de miles de mujeres.

¿Qué otra gran deuda ha quedado pendiente?

-Con la infancia. Teníamos que haberla tenido en cuenta en el diseño de las políticas públicas. La semilla más importante que podemos plantar para resolver ese problema estructural es el Plan Corresponsables. Son 200 millones que por primera vez va a gestionar de forma directa un Ministerio de Igualdad, es decir, entendiendo que ocuparse socialmente de los cuidados es una tarea feminista.

¿Cómo se facilitará la conciliación de esas familias?

-Tenemos que hablarlo con las comunidades porque son las que van a tener las competencias. Los planes concretos tenemos que negociarlos también con las organizaciones de la sociedad civil. En las próximas semanas impulsaremos una mesa de diálogo sobre cuidados y conciliación para reunir a agentes sindicales y a actores sociales.

¿Hay plazos?

-No puedo darlos porque no solo depende de nosotras pero la maquinaria del ministerio está centrada en asegurar que el Plan Corresponsables pueda concretarse en este primer semestre.

Otro de los problemas que dejó el confinamiento fue el encierro de las víctimas de violencia de género con sus maltratadores. 2020 fue el año con menos asesinatos pero aumentaron las denuncias por malos tratos. ¿Qué conclusiones extraen?

-Desgraciadamente pensamos que sería así en cuanto se declaró el estado de alarma. Por eso, 48 horas después ya habíamos puesto en funcionamiento como esenciales los servicios de atención integral a las víctimas de violencia de género y habíamos ampliado las formas de contactar con el 016 a través de métodos más silenciosos que las llamadas, como wasap y el email. También lanzamos el mensaje de que si tenían miedo salieran a buscar ayuda. El confinamiento incrementa la sensación de control del agresor y por eso no aumentan necesariamente los asesinatos pero sí otras formas de violencia menos visibles para la sociedad.

¿Se pueden mantener esos mecanismos puesto que las situaciones anómalas persisten?

-Sin ninguna duda. La ley de libertad sexual ahonda en que son necesarios esos servicios de atención especializada a las mujeres y reforzar mucho el proceso de recuperación. También hicimos un pacto con las comunidades sobre un mecanismo complementario al policial y judicial que permita a las administraciones identificar a víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución sin necesidad de denuncia o de que un juez acredite su situación para acceder a servicios socioasistenciales. Lo creamos por la urgencia de la pandemia pero podemos seguir fortaleciéndolo.

Con la ley de libertad sexual sigue habiendo dudas sobre cómo se articula el consentimiento. ¿Finalmente cómo quedará plasmado?

-Estamos esperando a ver el informe del Consejo General del Poder Judicial. Le enviamos esa ley en octubre. Tenía un mes pero se prorroga a más de tres. Ojalá esté cuanto antes para seguir su tramitación.

La ley trans también está generando polémica, con enfrentamientos con la parte socialista del Gobierno. ¿Cuáles son sus líneas generales?

-Los borradores de la ley LGTBI y de la ley trans están en fase de redacción. Va a ser útil que próximamente podamos compartir esos textos para disipar dudas. Buscan garantizar los derechos materiales de personas que ahora, aunque los tienen reconocidos, les son vulnerados. Vamos a adaptarnos a la normativa internacional. La OMS dice que las personas trans no son personas enfermas, por lo tanto no les podemos exigir un informe psicológico o psiquiátrico. Y vamos a cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, que dicen que la ley de 2007 tiene algunas lagunas.

También parte del movimiento feminista denuncia que ciertas expresiones que se barajan, como la de "personas menstruantes", traducen un borrado del hecho biológico de ser mujer. ¿Cómo abordará el borrador esas cuestiones?

-Los debates que pueden producirse en el movimiento feminista forman parte de la esencia de su construcción. Pero hay un amplísimo consenso social para garantizar los derechos de estas personas. Por otra parte, la ponencia de la ley trans fue aceptada en el Congreso en 2019 con acuerdo hasta del PP. No me cabe duda de que si había consenso social y político, ahora también lo habrá.

También está entre sus planes reformar la ley de salud sexual y reproductiva. ¿En qué situación está el proyecto de derogar el permiso paterno para abortar a los 16 y 17 años?

-Hay chicas que no pueden contar que se han quedado embarazadas y que quieren interrumpir ese embarazo o a las que si lo cuentan sus padres les impiden hacerlo. Y a lo mejor ese embarazo es consecuencia de una violación o de un abuso sexual en la familia. Hay casos en los que es conflictiva la autorización expresa de los padres pero en España se debe garantizar la interrupción libre y segura del embarazo para todas las mujeres.

Esa ley también abordará la gestación subrogada. ¿Cómo se hará?

-Los vientres de alquiler son un tipo de violencia machista. Tenemos que trabajar para que no se permita que en nuestro país sea posible de facto tener un hijo o hija a través de un vientre de alquiler o que las empresas que hacen esos contratos se anuncien de forma impune.

¿Qué espera del segundo año de mandato?

-Me gustaría hacer un despliegue de las políticas feministas que llegue a las mujeres. Que la ley del "solo sí es sí" sea realidad, el despliegue del Plan Corresponsables, la tramitación de la ley trans y la ley LGTBI y algo que no es de mi competencia pero que merece atención: la salud mental y comunitaria, que deje de ser tabú decir "tengo ansiedad o depresión y necesito ayuda".