La fiscal acusa a Cristina Cifuentes de presionar sin mancharse

MADRID.- El juicio por el caso Máster ha quedado visto para sentencia en una jornada en la que Cristina Cifuentes declinó la última palabra después de que su letrado pidiera su absolución ante lo que ha calificado como acusaciones "arbitrarias", y la fiscal haya asegurado que la expresidenta presionó en el proceso, pero "no se manchó las manos".

"No, muchas gracias, señor presidente", contestó Cifuentes este viernes al ofrecimiento del tribunal a decir la última palabra, que también rehusaron utilizar las otras dos procesadas: Teresa Feito y Cecilia Rosado.

Así la expresidenta madrileña solo intervino en el juicio durante su declaración del pasado día 22, sin hablar con la prensa ni a la entrada ni a la salida del mismo.

En la última sesión del juicio, Cifuentes se mostró más seria y concentrada que en las anteriores, prestando atención especialmente al relato de la fiscal Pilar Santos y de su letrado, José Antonio Choclán.

La representante del Ministerio Público, que solicita tres años y tres meses de cárcel para la expresidenta, ha incidido en su culpabilidad: "Nada de lo que ha mantenido ha podido ser comprobado".

Tras constatar "irregularidades notorias" en el máster, la fiscal arremetió contra Cifuentes: "Por su cargo no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha, fue por estas presiones".

"Ella sabía que las consecuencias podían ser nefastas" y por eso no hizo llamadas al catedrático Enrique Álvarez Conde o a Teresa Feito, ya que "las formas hay que mantenerlas", según la fiscal. "La única, primera y ultima beneficiaria de ese acta era ella y su carrera política", añadió, subrayando que tan pronto como tuvo el acta del TFM la exhibió públicamente, sabiendo que "no se correspondía con la realidad".

Sobre Teresa Feito, para la que la Fiscalía pide la misma pena que para Cifuentes, Pilar Santos dijo que es "el epicentro" de trama, en la que "siempre aparecen las mismas personas", especialmente esta profesora, la funcionaria Amalia Calonge, que cambió las notas de Cifuentes en 2014, y el catedrático Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público y quien daba el máster.

Sobre la tercera imputada, Cecilia Rosado, para la que el Ministerio Público solicita 21 meses de cárcel por falsificar el acta del trabajo de fin de máster (TFM), la fiscal subrayó su colaboración con la justicia y reclama para ella un atenuante por esa cooperación y por su miedo insuperable a las presiones de Feito y Álvarez Conde.

Por su parte, el abogado de la acusación que ejerce la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) reprochó la actitud de Cifuentes de no pedir perdón y su estrategia de subrayar que también hubo irregularidades con otros alumnos. "No podemos dejarnos engañar; la URJC está por encima de las personas que cometieron irregularidades evidentes", dijo el letrado, que incidió en que el acta "se fabricó para dar cobertura a un hecho inexistente", y Cifuentes la mostró sabiéndolo. Durante su alegato, el letrado de la expresidenta de Madrid defendió su absolución, porque no se ha acreditado que indujera a la falsificación de su trabajo de fin de posgrado y se trata de una acusación "selectiva y arbitraria".