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FONDOS EUROPEOS

El Consejo de Estado avisó de la falta de control de los fondos europeos

El “demoledor” dictamen expresa su preocupación por las contrataciones, convenios y subvenciones 

Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
EFE

El dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos que la oposición tachó de “demoledor” tiene como común denominador su preocupación por la “eliminación o modulación de mecanismos de control” en la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones previstas al amparo de esta norma.

El informe no se conocía cuando el 28 de enero el Congreso convalidó el decreto ley, para lo cual fue imprescindible la abstención de Vox, pero posteriormente el PP y Ciudadanos revelaron su existencia y reclamaron al Ejecutivo que lo publicara, tras afirmar que su contenido era muy crítico.

El documento, de 97 páginas, incorpora diversas observaciones, algunas calificadas de “esenciales” por el máximo órgano consultivo, y a las que da gran relevancia al advertir que la UE desempeñará un “papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos” asignados bajo cobertura del decreto.

Son 140.000 millones de euros los que la Unión Europea pondrá a disposición de España hasta 2026 para ayudar a la recuperación económica tras la crisis de la pandemia, de los que 72.000 serán en ayudas directas a fondo perdido.

Así, explica que sus observaciones “con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”.

Y ello porque “sin duda la observación más relevante se refiere a la supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones”, según refleja el dictamen. Porque, si bien admite que el contexto actual de crisis sanitaria, social y económica “demanda una cierta modulación de las exigencias derivadas del principio de estabilidad presupuestaria”, ello, advierte, no debe conducir “a una eliminación de todos los controles de naturaleza económico-presupuestaria”.

También alerta de la supresión, con carácter general, de la autorización de la ministra de Hacienda, una práctica que “no parece aceptable”.

Justifica el Consejo de Estado sus puntualizaciones para “lograr un elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos”.

Y cita como “especialmente relevantes” las relativas “a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente” antes de resolver los procedimientos y fiscalizar los expedientes financiados con estos fondos.

De hecho, no oculta su “severa crítica” porque el Gobierno no haya incluido en el expediente informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa que le habría permitido evaluar mejor sus medidas.

El dictamen reclama “una correcta tramitación de los proyectos normativos” para que sus medidas “estén debidamente justificadas y ponderadas”.

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