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LEY DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA FRENTE A LA VIOLENCIA

Amplio respaldo del Congreso a la ley de protección al menor

La prescripción de los delitos empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años 

La dirección del PSOE junto a los ponentes de la Comisión de Derechos Sociales frente al Congreso.
La dirección del PSOE junto a los ponentes de la Comisión de Derechos Sociales frente al Congreso.
Eva Ercolanese/EFE

El Pleno del Congreso ha respaldó este jueves con amplio consenso la ley de protección a la infancia frente a la violencia, con la que la prescripción de los delitos graves empezará a contar cuando la víctima tenga 35 años, y la envió al Senado con amplias mejoras que refuerzan los derechos de los niños. El proyecto de ley, que busca acabar con la impunidad de muchas agresiones sexuales, que cuando se denuncian ahora ya han prescrito, ha incluido más de 200 enmiendas y 70 acuerdos transaccionados respecto al texto remitido.

Quedó avalada con 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones. La ley sale del Congreso con la oposición de Vox por motivos ideológicos y del PNV, que denuncia una invasión de competencias, mientras que PDeCAT y EH Bildu optaron por abstenerse por la importancia de las medidas para la seguridad de los niños, a pesar de discrepar también del reparto competencial. El texto refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa. A última hora los grupos acordaron ampliar cinco años más la edad desde la que se comienza a contar la prescripción de los delitos graves respecto a la propuesta del Gobierno, hasta los 35 años. Actualmente, se cuenta desde los 18 años, por lo que pocos casos de abusos llegan a juzgarse porque las víctimas tardan en ocasiones décadas en reconocer públicamente la agresión. En su paso por el Congreso, se ha dotado a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como Síndrome de Alienación Parental e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad y un Registro Central de Información. Habrá un coordinador en los centros educativos, se impulsará la formación para jueces y fiscales y se incorpora en el Código Penal la aporofobia (odio al pobre) dentro de los delitos de odio. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra agradeció la presencia del pianista James Rhodes, víctima de abusos durante su infancia.

La ministra se dirigió a los niños:“pedir ayuda, porque alguien va ayudaros” y aseguró que con la aprobación de la ley se pondrá fin a la impunidad de los abusos a menores por parte de religiosos. “La Iglesia Católica ha sido cómplice demasiadas veces y esto tiene que terminar”, añadió Belarra, quien recibió reproches de diputados del PP. Varios grupos avanzaron su intención de seguir proponiendo cambios en el Senado para, por ejemplo, evitar que se reconozca como “agentes de la autoridad” a los servicios sociales, porque podría causar indefensión a las familias frente a la administración, en los casos de retirada de tutela en casos de desamparo.

Unidas Podemos invitó a su socio de Gobierno a apoyar dos enmiendas que nos han salido adelante y tienen el consenso de EH-Bildu o ERC: prohibir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial. 

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