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MEDIDAS ECONÓMICAS

Sin un compromiso sobre la tributación conjunta

El Gobierno prorroga hasta agosto el bono social eléctrico y los desahucios

Las ministras Carmen Calvo y María Jesús Montero.
Las ministras Carmen Calvo y María Jesús Montero.
Efe

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló este martes que España no debe remitir ninguna aclaración adicional a la Comisión Europea sobre eliminar la reducción de la tributación conjunta del IRPF, ya que es una reforma que el Gobierno “ni ha decidido, ni ha hecho, ni ha planteado”.

“No hay compromiso sobre esta materia, ni ningún tipo de reforma. Creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado y no hace falta remitir aclaración adicional a la Comisión Europea porque el componente de fiscalidad es negro sobre blanco y no está incorporada esta reforma”, insistió tras el Consejo de Ministros.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas este viernes incluía en el Anexo IV referido a temas de igualdad la idea de eliminar de manera progresiva la reducción por tributación conjunta en el IRPF al entender que perjudica la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Sin embargo, Hacienda aclaró que únicamente se recordaba el estudio realizado por la Airef en julio de 2020 sobre beneficios fiscales, en el que el organismo concluía que esta reducción, actualmente, generaba un “desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres de rentas bajas), lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española”.

Por otra parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, anunció este martes que el Gobierno ha aprobado un decreto, realizado por 9 ministerios, para prorrogar durante tres meses las medidas económicas y sociales que decaerían con la finalización del estado de alarma el 9 de mayo.

Se trata del bono social para hacer frente a la pobreza energética, de las medidas protectoras en materia de vivienda - como la prohibición de los desahucios durante la pandemia- y asuntos que han empezado a dar “problemas”, como la obligación de hacer las reuniones de las comunidades de propietarios en términos presenciales.

Se añaden a la decisión del Ejecutivo de incluir una regulación que va a permitir que las CC. AA. puedan recurrir en casación ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías, con el fin de unificar criterios para seguir luchando contra la pandemia.

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