Más de 38.000 alumnos escolarizados en centros de educación especial en Aragón

Un total de 38.068 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave están escolarizados en centros de educación especial, dedicados exclusivamente a alumnado con discapacidad, lo que supone el 17% del total de alumnos con alguna necesidad especial en España.

Así lo pone de manifiesto la 'Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo curso 2019-2020', publicada este jueves por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Las estadísticas del Ministerio señalan, por tanto, que 185.854 alumnos con necesidades asociadas a discapacidad o trastorno grave están escolarizados en centros educativos ordinarios, es decir, en centros en los que estudian alumnos con y sin discapacidad, lo que representa el 83% del total de alumnos con discapacidad o trastornos graves, que ascienden a 223.805.

Según las cifras que maneja el Departamento que dirige la ministra Isabel Celaá, por tipo de discapacidad, los mayores porcentajes de integración en centros ordinarios corresponden a alumnos con trastornos graves de conducta o de personalidad (98,3%); discapacidad auditiva (94,9%) y discapacidad visual (94,9%). El menor porcentaje es el de alumnos con plurideficiencia (40,3%).

Respecto al alumnado total, los alumnos con necesidad de apoyo educativo asociada a discapacidad o trastorno grave representan el 2,8%. Por titularidad de centro, el 3% está escolarizado en colegios públicos, el 2,8% en concertados y el 0,6% en centros privados.

La educación especial ha sido uno de los temas más polémicos a raíz de la aprobación de la nueva Ley educativa (la LOMLOE o 'Ley Celaá'), ya que ésta fija un plazo de 10 años para integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

Esta medida, sin embargo, ha generado el rechazo de PP, Cs y Vox, quienes entienden que ésta supone el desmantelamiento de los centros de educación especial y, por tanto, una limitación en el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos.