El Gobierno, abierto a compensar los peajes en las carreteras

El Gobierno está dispuesto a debatir las compensaciones por el pago de los peajes en las carreteras que ha planteado en el plan de recuperación, sobre todo para los transportistas profesionales. Lo afirmó este viernes el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, en la estación de Atocha, en Madrid, antes del viaje inaugural a Barcelona del primer competidor de Renfe en la alta velocidad, la compañía Ouigo. Recordó que la introducción de los peajes está prevista para 2024 y no antes, para evitar que coincida con la crisis económica derivada de la covid.

A su juicio, el pago por uso en las carreteras es una medida “coherente” cuando España está pidiendo fondos a la Unión Europea para infraestructuras y en un momento en que ya muchos países de la Unión aplican este tipo de peajes. La medida solo se pondrá en marcha si hay un amplio consenso político, económico y social, especialmente con el sector del transporte profesional, con el que el Gobierno ya está trabajando en un plan de modernización y en ese marco debatirá los peajes.

“Una medida justa”

El secretario de Estado defiende que se trata de una medida “justa” porque pagarán por las carreteras aquellos que las usan, y por tanto contaminan, y entiende además que incentiva el trasvase hacia otros modos de transporte menos contaminantes, como el tren.

La propuesta remitida a Bruselas, señaló Saura, ya los excluía del pago a los transportistas, que tendría que ser asumido por los cargadores. Aun así, desde dicho sector ya han criticado la medida, defendido que la carretera ya está sometida a otros gravámenes y que la imposición de peajes a los profesionales podría desencadenar un aumento de los precios para los consumidores.

Saura descarta, por otra parte, que esto pudiese ocurrir, argumentando que los peajes ya existen en Europa, donde también circulan los camiones que traen mercancía a España, señalando además que, cuando hay competencia, “no tiene por qué trasladarse ese pago a los precios, por lo que no habría una pérdida de la competitividad de la economía española”.

Otro de los aspectos clave en el que Saura justifica esta medida es la sostenibilidad y la reducción de emisiones, ya que el objetivo del Gobierno es que la gente utilice más el tren, una alternativa más respetuosa con el medio ambiente y en cuya infraestructura los españoles han invertido 65.000 millones de euros en los últimos 30 años.