LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
España estrecha el cerco al abuso infantil con una ley
La norma de protección a los menores es pionera y da respuesta a demandas históricas de organizaciones infantiles
El Congreso aprobó este jueves definitivamente la ley de protección a la infancia, que estrecha el cerco a la violencia contra los menores, una norma pionera que suscitó un amplio consenso y da respuesta a las demandas históricas de las organizaciones de infancia.
La ley concitó un amplio consenso, con 297 votos a favor y solo 52 en contra, correspondientes a Vox.
Con su entrada en vigor, habrá más tiempo para denunciar los abusos a menores, ya que empezará a contar la prescripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años, y no 18 como ahora, y cualquier persona que conozca un caso o sospecha de violencia contra los niños deberá comunicarlo.
La ley, con una financiación de 70 millones de euros, amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados y fiscales especializados, un Registro Central de Información y un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.
Con la norma, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación y quedará suspendido el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los hijos han presenciado o sufrido maltrato.
Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, se han incluido mejoras al texto remitido por el Gobierno el pasado mes de junio por trámite de urgencia.
En la Cámara Alta, se ha incorporado la prohibición de realizar desnudos integrales o exploraciones genitales para determinar la edad de los menores no acompañados, y sumó el respaldo de los partidos nacionalistas al garantizar el respeto a las competencias de las CC.AA. También, agrega la limitación de medidas de contención física, como las sujeciones a la cama en centros de menores.
En la Cámara Baja, se ha mejorado el reconocimiento del derecho de los niños a ser escuchados a lo largo de todo el proceso y eliminado planteamientos como el llamado síndrome de alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo contra el padre.
