Reforma fiscal y fomento de la inmigración legal para la agenda 2050

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves la apertura de “un gran diálogo nacional” para analizar los retos del país en los próximos treinta años e intentar construir desde la unidad la España de 2050. La presentación del informe “España 2050”, realizado de forma altruista por un centenar de expertos de diversos ámbitos y que fija prioridades y objetivos para ese horizonte temporal, fue el escenario en el que Sánchez avanzó la puesta en marcha de ese diálogo.

El informe tiene una docena de grandes ejes entre los que se incluye una apuesta por un rediseño de las prestaciones sociales hacia un modelo que “proteja a la ciudadanía en función de sus necesidades y no sólo de su historial laboral”, junto a una reforma fiscal para aumentar su capacidad recaudatoria y su progresividad sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas. Coincidiendo con la crisis migratoria en Ceuta, aboga por el fomento de la inmigración legal y de la captación de talento extranjero como vías adicionales para dinamizar la economía y apuntalar la viabilidad del estado de bienestar y el fortalecimiento de los servicios públicos.

Los jóvenes tienen un apartado específico en el que destaca una “ampliación drástica” de sus oportunidades, especialmente en ámbitos como la educación, el empleo y el acceso a la vivienda, así como la consecución de la plena igualdad de género.

Así, propone estudiar una posible “herencia pública universal”, una dotación económica que recibirían los jóvenes alcanzada cierta edad y que podría destinarse a adquirir la primera vivienda, crear un negocio o completar la formación. Plantea el proyecto un escenario económico a tres décadas mejor al actual, con menos paro, menos horas de trabajo (propone reducir la jornada laboral a 35 horas semanales), menos economía sumergida, una menor brecha de PIB respecto a los países europeos más ricos, mayor productividad y empresas de mayor tamaño.

Sin embargo, en el capítulo de las pensiones reconoce la presión que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida ejercerá sobre el sistema, lo que podría dejar “obsoleta” la edad legal de jubilación a los 67 años.

Prevé el texto que una de cada tres personas tenga más de 65 años en 2050, lo que requerirá la llegada de al menos 255.000 inmigrantes anuales para compensar el envejecimiento de la población. Se plantea además prohibir los vuelos en aquellos trayectos que se puedan realizar en tren en menos de dos horas y media y crear un impuesto sobre el uso real del vehículo.

Gasto por alumno

También augura el documento que España se verá obligada a cerrar centros educativos a consecuencia de la pérdida de 800.000 alumnos, pero ello también abre la puerta a poder duplicar el gasto por alumno en infantil, primaria y ESO y pasar de los 4.880 euros actuales a unos 9.640 en el plazo de 30 años.