Sientan las bases para renovar el actual sistema de pensiones

Gobierno y agentes sociales lograron este martes un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante la revisión de las jubilaciones anticipadas y el establecimiento de mayores incentivos al retraso de la jubilación.

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

En este sentido, el mecanismo de equidad intergeneracional que reemplazará al factor de sostenibilidad deberá definirse en los próximos meses y operará a partir de 2027.

El acuerdo, que se aprobará como anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

CC. OO. y UGT celebraron la consecución de este acuerdo en un comunicado conjunto destacando que, al suprimir la reforma de 2013, “se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados”. La Ceoe, por su parte, aún debe dar el visto bueno el texto en sus órganos de dirección.

El acuerdo subraya el papel del Estado como garante público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado de cerca de un 2% del PIB (unos 21.000 millones).

Anticipadas

El acuerdo de pensiones incluye también medidas orientadas a una revisión del modelo de jubilación anticipada. Según los sindicatos, se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada voluntaria e involuntaria, y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades. Se igualan además los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar, al tiempo que refuerza el sistema de incentivos para garantizar la adecuación voluntaria de la edad efectiva y legal de jubilación.

Asimismo, se incluye una batería de medidas por la que se reconocen nuevos derechos o se amplían algunos de los que ya existían, entre los que destaca la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, la extensión del derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.

“Certidumbres”

El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, destacó que el acuerdo lanza “certidumbres” tanto para los actuales como para los futuros pensionistas y deja para una siguiente fase materias importantes como el destope de las cotizaciones máximas.

El responsable de pensiones de CC. OO., Carlos Bravo, mostró su satisfacción por la “tranquilidad” que supone para los pensionistas, a los que se envían mensajes “muy positivos”.

Desde UGT, la secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, ha subrayado la importancia del acuerdo, “uno de los más importantes de la última década en materia de diálogo social”, y ha destacado que es un acuerdo “bueno” para los pensionistas, que “no gusta a los apóstoles de los recortes” porque conlleva más y mejores pensiones, sin necesitar pensiones privadas.