El Gobierno estudiará el fondo para ex altos cargos del ‘Govern’

El Gobierno estudiará y “recurrirá” si no está “con arreglo a ley” la decisión del Gobierno de Cataluña de avalar a los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por el empleo de dinero público para promocionar el referéndum del 1-O de 2017. Así lo manifestó este miércoles la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que señaló que la Generalitat de Cataluña, al igual que otros gobiernos autonómicos, sabe que se debe trabajar “en los límites de la legalidad” –lo que “no es optativo, sino obligatorio”- y reiteró que la Abogacía del Estado estudiará esta cuestión.

El “Govern” ha creado un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama estas fianzas por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

“Desde que Sánchez preside el Gobierno la Generalitat no ha traspasado ni una sola línea de la legalidad y del cumplimiento de la misma y ahora tampoco va a ocurrir”, incidió Calvo, que quiso quitar importancia al asunto y afirmó a su vez que el Ejecutivo ha recurrido “muchas cuestiones a otras muchas comunidades”.

Por otro lado, el líder del PP, Pablo Casado, aseguró que su partido pedirá la inhabilitación de quienes aprueben los avales y ha pedido a Sánchez que evite lo que considera una “inadmisible malversación” y un “fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado”.

Asimismo, el secretario general de los “populares”, Teodoro García Egea, advirtió de que lo que propone el Gobierno de la Generalitat es la “continuación del chantaje” y de que estos siempre, en el caso de los independentistas, son así: “Cuando se paga por primera vez, se continúa pagando hasta el infinito”.

Calvo entiende que esta cuestión forma parte del “debate de la conversación pública”, pero insistió en que “todos tenemos que cumplir la legalidad” y reiteró que esta cuestión se estudiará por parte de la Abogacía General del Estado y “si no está con arreglo a ley no podrá concurrir”. La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática realizó estas declaraciones en la inauguración en Vélez-Málaga del curso “María Zambrano, hoy”, que forma parte de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga (UMA).

Intervenir las cuentas

Por su parte, el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, instó al Gobierno a intervenir las cuentas de la Generalitat de Cataluña para evitar que cubra las fianzas que el Tribunal de Cuentas exige a excargos de esta institución autonómica.

Asimismo, el líder de Vox en el Parlamento catalán, Ignacio Garriga, afirmó que su partido presentará una querella por malversación contra el “Govern” que preside Pere Aragonès por la creación del fondo. 

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reivindicó la “legalidad” del fondo “Ante decisiones arbitrarias, actuaciones decididas y de acuerdo con la ley”, aseguró.

“Cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración”, sostuvo el presidente catalán durante su comparecencia de este miércoles en el Parlamento autonómico sobre “la desjudicialización del conflicto político entre Cataluña y España”.