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NUEVA LEY

El Gobierno envía a las Cortes la Ley de Memoria Democrática sin contar con el PP

Debe recabar apoyos parlamentarios, pero para la izquierda es “insuficiente” y Vox la llevará al Tribunal Constitucional

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
E.P.

El Gobierno aprobó el proyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica, para cuya tramitación parlamentaria no podrá contar con el PP, pese a que el Ejecutivo insiste en que solo quiere reconocer y homenajear a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. La primera iniciativa legislativa que presenta el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pretende situar a esas víctimas en el centro de las políticas de memoria, busca su reparación y la verdad y equiparar la normativa española a la de otros países europeos que también sufrieron dictaduras, como Alemania.

Falta que el Gobierno recabe los apoyos parlamentarios para sacarla adelante, de momento con algunas críticas desde la izquierda por verla “insuficiente” y sin las fuerzas de la derecha, ya que el PP ha anunciado que la derogará cuando gobierne y Vox anticipa recurso al Tribunal Constitucional. Pese a ello, Bolaños aseveró al presentar el resultado de diez meses de retoques sobre el anteproyecto de septiembre de 2020, que “nadie puede estar en contra” del homenaje que supone a las víctimas del franquismo y a que los familiares recuperen por fin los restos de su allegados desaparecidos.

“Nadie puede estar en contra del homenaje a las víctimas y a que las familias recuperen por fin los restos de sus allegados”

Así, el “deber de memoria” figura en el frontispicio de la nueva legislación, con el fin último de “no repetir” los hechos que dieron lugar a la contienda civil y la posterior dictadura, al igual que un amplio catálogo de medidas sustentadas en los principios genéricos de “verdad, justicia y reparación” de las políticas de memoria.

Entre las principales actuaciones del proyecto aprobado por el Gobierno está el reconocimiento a las víctimas, que hace una novedosa observación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, y expone una definición que comprende no solo a los que murieron, fueron heridos o desparecieron en España, sino también a los que tuvieron que exiliarse y a los que sufrieron reclusión en los campos de concentración nazis.

A su vez, determina que la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo corresponderá a la Administración General del Estado, una tarea que se regula reglamentariamente y de forma transparente y que se regirá siempre por el principio de colaboración entre todas las Administraciones Públicas. Se habilita el mapa de localización de fosas se determinan los procedimientos y protocolos para iniciar la búsqueda y se crea un registro de víctimas y un censo de fallecidos.

“El deber de la memoria figura en el frontispicio de la nueva legislación para no repetir lo que ocurrió”

Aparte, se declara el carácter nulo de pleno derecho de todas las condenas y sanciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura, por parte de tribunales de orden público, consejos de guerra y los dedicados a perseguir la masonería y el comunismo.

De igual manera, la nueva norma fija dos fechas oficiales para recordar a las víctimas del franquismo: El 31 de octubre para rendir homenaje a las víctimas “del golpe militar, la Guerra y la Dictadura” y el 8 de mayo para recordar a quienes sufrieron exilio fuera de España.

Lugares de Memoria

El documento establece la obligación de adoptar medidas en el ámbito de la memoria democrática, con reconocimiento a las mujeres, y mediante planes de Memoria cuatrienales. También se crea un Consejo Territorial de Memoria Democrática para favorecer la cooperación.

También, se declararán “lugares de memoria democrática” aquellos enclaves donde tuvieron lugar hechos de especial relevancia histórica vinculados a la memoria democrática y a la lucha por los derechos y libertades de los españoles. Habrá un inventario de estos lugares y gozarán de protección legal.

Por ello, se prevé su “resignificación” para investigar su pasado, difundir su historia y fortalecer así los valores constitucionales y democráticos. Los enterramientos en las criptas tendrán carácter de cementerio civil. Se reubicarán los restos que ocupen un lugar preeminente, como los de José Antonio Primo de Rivera.

Así que, se extingue la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, gestionada desde 1957 por la orden benedictina, y se establecerá un nuevo marco jurídico para su futuro funcionamiento y régimen de prioridad que amparará el proyecto mediante el cual se concretará esa “resignificación” y se modifica el “Panteón de Hombres Ilustres” por un Panteón de España donde recordar a los representantes de la historia de la democracia y quienes hayan destacado por sus servicios a España.

Multas de 200 a 150.000 euros

En el documento se reconoce la labor de asociaciones memorialistas por su defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Se crea el Consejo de la Memoria Democrática, un órgano colegiado consultivo que dará voz a estas agrupaciones memorialistas. Habrá un registro de entidades y se establece un régimen sancionador del que carecía la vigente Ley de Memoria Histórica, con multas desde 200 euros a un máximo de 150.000 euros para las infracciones más graves. Se considerará como tales el traslado no autorizado de restos de víctimas, la destrucción de fosas comunes o de lugares declarados de Memoria Democrática, la no adopción de medidas para impedir actos públicos de exaltación del franquismo o la convocatoria de actos de difusión contraria a la normativa sobre memoria democrática que inciten a la exaltación de la Guerra o la Dictadura.

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