El Gobierno prevé aprobar este martes el techo de gasto

El Gobierno prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero de 2022, conocido como ‘techo de gasto’, con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, y que recogerá la llegada de nuevas partidas de los fondos europeos previstos por importe de 75.000 millones para estos tres años, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Hacienda.

En octubre del año pasado el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2021, que aumentó un 53,7 %, hasta los 196.097 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social para hacer frente a la pandemia y unos 26.000 millones de los fondos europeos.

De cara al próximo año, el Gobierno no ha desvelado los fondos que recibirá de la UE, pero si este año se aproximarán a los 20.000 millones y la estimación es recibir 75.000 millones entre 2021 y 2023, el monto total no será inferior a los 20.000 millones, eso sí, condicionados a que España vaya cumpliendo los hitos pactados con Bruselas.

Al igual que en 2020 y 2021, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 y vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

A pesar de la suspensión de las reglas fiscales, el Gobierno asegura que, a medida que las condiciones lo permitan, la política presupuestaria, que seguirá siendo expansiva el próximo año, se reorientará hacia posiciones fiscales “más prudentes”, que reafirmen la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Por ello, para 2022 contempla uno “de los mayores descensos del déficit público”, desde el 8,4 % en 2021 al 5 % en 2022.

La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El Ministerio de Hacienda estudia si es necesario que el Congreso de los Diputados vuelva a certificar, tal y como hizo en octubre del año pasado, que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En cualquier caso, el calendario que maneja el departamento que dirige María Jesús Montero es que llegue al Congreso de los Diputados, para su presentación o votación, después del verano, en el mes de septiembre.