La inhabilitación de Baltasar Garzón fue arbitraria

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue inhabilitado en un “proceso arbitrario” cuando instruía el caso Gürtel, y pide a España “una reparación efectiva” porque el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia.

La resolución del organismo de la ONU concluye que el Tribunal Supremo vulneró la presunción de inocencia de Baltasar Garzón y no observó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 le condenó a 11 años de inhabilitación por ordenar que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.

Entiende el Comité de Derechos Humanos de la ONU que el proceso judicial que acabó con la inhabilitación de Garzón fue “arbitrario” y critica que el magistrado fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir.

Así, exige al Estado español una “reparación integral” a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”.

El dictamen da a España seis meses para “garantizar una reparación efectiva” a Garzón por los derechos lesionados.

Y añade que el Comité desea recibir del Estado español, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen, y que le dé publicidad.

Tras conocer el auto, Baltasar Garzón dijo: “Voy a pedir mi reingreso en la carrera judicial”.

“Para mí, lo más importante es que pide que se tomen medidas para que en el futuro no ocurra nada semejante. Es un dictamen de protección a jueces y fiscales para el futuro. La reparación integral sería mi reposición como magistrado”, dijo Garzón en declaraciones a El País, para luego añadir que lo que toca ahora es “blanco y en botella” porque “si te han quitado tu profesión, que te la devuelvan”.

No obstante, recalcó que ahora estudiará el cauce adecuado para solicitar ese reingreso porque, apuntó, “de oficio no lo van a hacer”. Y añadió que será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien tendrá que tomar una posición al respecto.