La Justicia francesa absolvió este miércoles al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea del delito de pertenencia a una organización terrorista entre 2011 y 2013 porque en ese periodo, e incluso hasta que leyó el comunicado de disolución de la banda en 2018, su acción en ETA no fue terrorista.

El Tribunal Correccional de París dio indirectamente credibilidad en su sentencia a las alegaciones de Josu Ternera, que en el juicio en junio dijo que había salido de la banda en 2006 porque quería el abandono de la violencia y desde entonces los vínculos que tuvo con otros miembros eran con ese objetivo.

El tribunal, que no era competente para juzgar la presencia durante buena parte de ese periodo de Urrutikoetxea en Noruega junto a los etarras Iratxe Sorzábal y David Pla para intentar negociar con el Gobierno español, que no quiso acudir, concluyó que no hay nada en ese periodo que se le pueda reprochar penalmente.

En concreto, la presidenta del tribunal recordó, al leer la sentencia, que desde mayo de 2005 no se han encontrado ni huellas suyas ni ADN en viviendas o en coches usados por otros miembros de la banda, como tampoco hay pruebas de que mantuviera contactos con ellos, más allá del episodio de Noruega.

Y añadió que el hecho de que viviera en la clandestinidad no significa que estuviera implicado en una acción que pueda caracterizarse de terrorista ya que, entre otras cosas, ni tenía armas ni documentos falsos ni utilizaba coches robados como era habitual dentro de ETA.

Las tres juezas que componían la sala dieron así credibilidad a las afirmaciones del propio Urrutikoetxea, que durante el juicio celebrado en junio había asegurado que dejó la organización terrorista en 2006 por disensiones con la dirección, ya que consideraba entonces que había que poner fin a la violencia.

En cualquier caso, las magistradas quisieron dejar claro que, aunque la banda hubiera hecho declaraciones desde 2010 sobre el abandono de violencia, eso no eximía de la calificación de terrorista a las acciones de ETA desde entonces.

Según su razonamiento, ETA entonces atravesaba una fase "caótica", algunos de sus miembros actuaban "por la pacificación" y a estos no se les pueden reprochar delitos de terrorismo.

"El objetivo de unos y otros no era necesariamente idéntico", hizo notar la presidenta del tribunal.

Tras la lectura del veredicto, Josu Ternera, de 70 años, se fundió en un abrazó con su abogado Laurent Pasquet-Marinacce, que más tarde ante la prensa manifestó su satisfacción y su alivio, y se felicitó porque las juezas argumentaron su decisión "con motivaciones que no son rebatibles".

"Lo principal es que el tribunal ha reconocido que en el periodo que nos ocupaba, en ETA había luchas y que algunos dentro de ETA trabajaban para poner fin al conflicto. El simple hecho de haber tenido contactos con ETA no equivale a un acto de terrorismo", explicó Pasquet-Marinacce.

"Se han podido tener contactos con ETA en este periodo -añadió- pero no con fines terroristas sino para poner fin a un conflicto armado. Es lo que hizo Urrutikoetxea, que tuvo un papel central en este proceso de paz", insistió.

Revés para la Fiscalía

La absolución supone un serio revés para la Fiscalía, que había pedido una condena de cinco años para él.

Aunque la Fiscalía puede recurrir la sentencia y pedir un nuevo juicio ante el Tribunal de Apelación de París, los argumentos de la sentencia marcan una inflexión en la jurisprudencia en Francia sobre la organización terrorista.

Josu Ternera había sido juzgado y condenado en rebeldía a ocho años de cárcel en 2017 por estos mismos hechos. Después de su captura en mayo de 2019 en los Alpes franceses, como es su derecho, pidió que se repitiera el proceso en su presencia.

Tiene pendiente otra causa pendiente ante la justicia francesa en un juicio que se celebrará los próximos 13 y 14 de septiembre ante el Tribunal de Apelación de París.

También es consecuencia de otra sentencia que recibió en rebeldía en 2010 a siete años de cárcel por su presunta implicación en ETA entre 2002 y 2005, es decir, antes del momento en que él mismo ha dicho que dejó la banda.

Urrutikoetxea, que está en libertad condicional desde finales de julio de 2020 después de haber pasado algo más de 14 meses en prisión preventiva y que desde comienzos del verano ha podido trasladar su residencia de París al País Vasco francés gracias a la flexibilización de las reglas de control, debe rendir cuentas ante la Justicia española.

La Justicia francesa ha dado su visto bueno definitivo a dos demandas de la Audiencia Nacional de Madrid para juzgarlo por su implicación en el atentado en 1987 contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que hubo once muertos, y por la financiación de ETA a través de las "herriko tabernas".