Los agentes sociales son contrarios a los nuevos ERTE que propone el Gobierno

CCOO, UGT, CEOE y Cepyme trasladaron el pasado miérdoles al Gobierno su rechazo a la propuesta que ha realizado el Gobierno sobre el mecanismo que sustituirá, de manera permanente, a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con condiciones especiales.

El llamado ‘Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo’ permitirá a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, como en los ERTE, con beneficios en cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias.

Según informaron fuentes sindicales, durante la reunión que la mesa de reforma laboral celebró el miércoles, los agentes sociales en pleno se opusieron a la propuesta que les había presentado previamente el Gobierno sobre el Mecanismo RED.

“Le hemos pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta, que en este caso sólo ha servido para ralentizar este proceso, en el que deberíamos ser más ágiles para llegar a un acuerdo”, indicaron fuentes de UGT, que echan en falta un “compromiso claro” de mantenimiento del empleo para las empresas que recurran a los nuevos ERTE, cosa que, a su juicio, sí se tiene ahora en la legislación sobre los ERTE de pandemia.

El sindicato ha pedido al Gobierno una mayor intervención, control y seguimiento de las organizaciones sindicales tanto en la negociación del ERTE como en la fase de ejecución, y aunque ve adecuado trasladar a la legislación laboral ordinaria un diseño similar al de los ERTE covid, “no comparte que se quiera regular situaciones estructurales con mecanismos coyunturales”.

“Nos oponemos a cualquier intento de introducir, aunque sea tímidamente, la mochila austriaca, porque entendemos que abarata el despido (...) Nos oponemos a que esto pudiera ser una antesala del despido (...) Ante procesos de reconversión generalizada, las decisiones del Consejo de Ministros deberían venir acompañadas de un proceso previo de negociación, en el que estemos los agentes sociales”, subrayaron las fuentes de UGT.

Desde la CEOE, por su parte, indicaron a Europa Press que la propuesta del Gobierno es “más restrictiva, más intervencionista” y más cara para las empresas que el modelo vigente actualmente. “Esta situación complica la posibilidad de llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo social”, admitieron las mismas fuentes.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expresaba su “sorpresa” ante la procedencia de esta medida desde el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, y mostraba su rechazo al documento del Gobierno.

“Está lleno de intervencionismo y no está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la ‘flexiseguridad’ para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar”, afirmó el presidente de la patronal.

Garamendi explicó que este documento “farragoso”, de 30 páginas, les fue remitido por el Ejecutivo el pasado sábado. La CEOE sostiene que el planteamiento del Gobierno sobre los ERTE “no va en la buena dirección”, ya que introduce “más burocracia y más costes” para las empresas.

En este sentido, advirtió de que si se introducen más costes para las empresas, éstas “no se van a acoger a este sistema”.

Por su parte, otras fuentes del diálogo social manifestaron a Europa Press su malestar por la filtración de documentos antes de la reunión de la mesa. Las mismas fuentes indicaron que, debido a la complejidad de este nuevo texto, se ha pedido desde algún sector de la negociación social volver a la propuesta anterior, la que denominaba al mecanismo de sustitución de ERTE como MSE (Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo).

La propuesta del Gobierno

De acuerdo con la propuesta del Gobierno, a la que tuvo acceso Europa Press, el Mecanismo RED podría activarse en dos casos: por causas estructurales, es decir, cuando en un determinado sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad asociadas al mantenimiento de la plantilla; o por causas cíclicas, esto es, cuando concurran causas económicas derivadas de una situación coyuntural de alcance general que aconseje la activación de mecanismos adicionales de estabilización.

Según la propuesta, el Ministerio de Asuntos Económicos será el que establezca “parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores, que determinen una presunción de las causas de activación”.

El Gobierno plantea también en su documento que el Mecanismo RED tenga una duración máxima de doce meses en caso de existir acuerdo en el periodo de consultas y de seis meses en el supuesto de que sea autorizado por la autoridad laboral cuando no exista acuerdo. En el supuesto del Mecanismo RED por causas estructurales podrán solicitarse un máximo de dos prórrogas, de seis meses cada una.

Se propone además que el periodo temporal de referencia y el porcentaje de reducción de jornada sean idénticos para todos los trabajadores afectados de un mismo centro de trabajo, aunque se permiten fijar distintos porcentajes de reducción de jornada o un número distinto de días máximos de suspensión, en función de los grupos profesionales, funciones o puestos de trabajo cuando existan causas justificativas “debidamente acreditadas”.

En el ámbito del Mecanismo RED por causas estructurales, el Gobierno plantea incorporar un plan de recolocación para los afectados que tendría que incluir medidas específicas de formación y orientación profesional, atención personalizada a la persona afectada y búsqueda activa de empleo.

Las empresas que contraten a trabajadores afectados por el Mecanismo RED de carácter estructural a través de contratos indefinidos, incluido los fijos-discontinuos, tendrían derecho a una bonificación de cuotas de la Seguridad Social del 50% de la aportación empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes durante un periodo de 6 meses.

La reducción de jornada aplicable en el Mecanismo RED podría ser de entre un 10% y un 70%, según la propuesta, y mientras esté vigente ésta o la suspensión de contratos no podrán realizarse horas extra, nuevas contrataciones ni nuevas externalizaciones de actividad.

El Gobierno plantea además que las empresas autorizadas a aplicar un Mecanismo RED puedan beneficiarse de exoneraciones.

La propuesta implica la creación de un fondo para sufragar estos nuevos ERTE, al estilo del Fondo de Reserva de las pensiones, que tendría por objetivo atender las necesidades futuras de financiación en materia de prestaciones para los trabajadores y exenciones de cuotas.