PSOE y Podemos pactan dejar sin efecto la ley de Amnistía

Unidas Podemos y PSOE pactaron dejar sin efecto parte de la ley de Amnistía de 1977 al declarar dentro de la ley de Memoria Democrática que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1997. Además, extenderán hasta 1982 las víctimas del franquismo y retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen como Calvo Sotelo o Primo de Rivera.

Concretamente, la redacción consensuada en este punto, mediante una enmienda, recogió que “todas las leyes del Estado español, incluida la ley 46/1977 de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

Además, las formaciones acordaron que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original de ‘Cuelgamuros’ y que las víctimas de la dictadura tengan derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Francisco Franco. También se amplía la consideración de víctimas en el periodo de Transición (hasta 1982).

Por otro lado, según explicó desde el espacio confederal, también se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a 33 personalidades del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Franco, Mola, Calvo Sotelo, así como marqueses de Queipo de Llano, Arias Navarro, Alborán, Somosierra o Casa Cervera, entre el listado establecido.

Investigación de crímenes

Los dos socios de coalición pactaron el contenido de una treintena de enmiendas al articulado del proyecto de ley de Memoria Democrática y estipulan que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y torturas no prescriben. Una modificación que supone un guiño a ERC, dado que el grupo republicano persigue la derogación de la conocida como Ley de Amnistía al considerar que exoneraba a altos dirigentes de la dictadura franquista.

De esta forma, PSOE y Unidas Podemos estipulan que debe aplicarse el derecho internacional vigente en materia de delitos de lesa humanidad y demandan que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del “golpe de estado, la guerra y la dictadura”.

"La verdad judicial"

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, compareció ante los medios en el Congreso, junto a la diputada Martina Velarde, para explicar el alcance de las propuestas consensuadas con el PSOE, que mejoran “sustancialmente” el proyecto normativo.

Detalló que se estaba produciendo una “anomalía tremenda” de la aplicación de la ley de Amnistía, que pese a ser una “conquista” de las fuerzas democráticas que permitió sacar de las cárceles a pesos del régimen, nuca debió ser utilizaba como “excusa” para la “impunidad” de esta serie de crímenes, obviando la legislación internacional. Santiago admitió que ese efecto es “limitado” dado que es difícil que pasados 40 años del régimen pueda haber responsables vivos.