25N
Gobierno y grupos hacen permanente el pacto contra la violencia machista
Tras dos semanas de contactos de Igualdad con los grupos se ha culminado el acuerdo
El Gobierno y los grupos parlamentarios, salvo Vox, han sellado este jueves la renovación del pacto de Estado para que éste sea permanente; es decir, que no expire y que cuente con una financiación pública "estable, suficiente, adecuada y con independencia del ciclo económico".
Lo han hecho en un acto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, al que han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y representantes de todos los grupos tanto del Congreso como del Senado, que han rubricado el dictamen para la renovación del pacto.
Ha sido el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando finalmente y tras dos semanas de contactos de Igualdad con los grupos se ha culminado el acuerdo.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha abierto el acto felicitando a todos los portavoces parlamentarios y al Ejecutivo por alcanzar el consenso para renovar un pacto que "debe fortalecerse" y que vertebra la sociedad ante "una de sus mayores lacras", como es la violencia machista.
Tras la firma, en declaraciones a los periodistas, la ministra de Igualdad ha asegurado que el 25N, es un día para hacer política de Estado y eso es lo que han hecho, ha dicho, al alcanzar el acuerdo, con el mismo consenso que en 2017 -cuando se firmó el pacto de Estado- para actualizarlo.
Para Montero, es un acuerdo importante porque "lo convierte en permanente" y será cada 25 de noviembre cuando se evalúe y se rindan cuentas de su aplicación.
El pacto firmado en 2017 expiraba en septiembre del próximo año.
"Tenemos que ser capaces de seguir evaluando: a eso nos comprometemos, a que las comisiones de evaluación y seguimiento del pacto de Estado en el Congreso y el Senado trabajemos durante este año. El próximo horizonte es el 25 noviembre, para seguir afinando las medidas y ser mas eficaces", ha afirmado la ministra.
El documento firmado no concreta cifras pero sí hace permanente la obligación de dotarlo de una financiación pública "estable, suficiente, adecuada y con independencia del ciclo económico" para sostener las actuaciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres, mejorar su detección y asegurar una respuesta integral y especializada a las víctimas.
La financiación pública -indica- debe tener la flexibilidad y la capacidad de ser ejecutada de forma plurianual para poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones tengan un mayor impacto.
Adecuar la normativa al Convenio de Estambul y asegurar una respuesta integral a todas las formas de violencia contra las mujeres incluidas en ese tratado, que incluye la violencia económica, la violencia vicaria, y la violencia en el ámbito digital, es otro de los puntos incluidos.
Garantiza la financiación a entidades sin ánimo de lucro de programas de prevención y sensibilización, así como de acompañamiento y atención a víctimas y sobrevivientes de cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, incluidas las víctimas menores de edad.
Además, insta a perfeccionar los circuitos de atención integral de la violencia machista y declara esenciales todos los servicios y recursos de reparación y atención, además de extender la asistencia especializada a todas las formas de violencia contra las mujeres.
Establece la obligación de aprobar cada cinco años una estrategia estatal frente a la violencia contra las mujeres y asegura la especialización profesional de todos los sectores que intervienen en la atención a las víctimas, especialmente en el ámbito de la justicia, y de los profesionales que tengan un contacto habitual con menores.
Refuerza la protección de las mujeres que enfrentan otras formas de discriminación y son doblemente vulnerables, como las mujeres mayores, migrantes, rurales, las pertenecientes a minorías étnicas, con discapacidad o en situación administrativa irregular.
Impulsa las medidas que faciliten la autonomía económica dirigidas a las víctimas de violencia de género, especialmente en el ámbito laboral y busca ampliar la red de recursos, con especial atención a la accesibilidad en zonas rurales.
También plantea hacer permanente el Plan Estatal de Sensibilización y Prevención, que deberá englobar programas de educación, campañas institucionales de concienciación social dirigidas en particular a hombres y niños, políticas dirigidas al sector de las tecnologías de la información y los medios de comunicación, con especial atención a la prevención de la violencia en el ámbito digital, y campañas de toma de conciencia o autopercepción sobre las violencias machistas.
Este nuevo dictamen compromete el refuerzo de la respuesta institucional integral y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista "combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas".
