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COMUNICACIÓN

Las televisiones denuncian que la Ley Audiovisual amenaza su continuidad

La obligación de producir contenidos en lenguas cooficiales lo ven discriminatorio

El Gobierno obligará a las operadoras de telecomunicaciones a pagar la tasa anual para la financiación de RTVE.
El Gobierno obligará a las operadoras de telecomunicaciones a pagar la tasa anual para la financiación de RTVE.
S.E.

Las televisiones en abierto con sede en España representadas en Uteca denunciaron este jueves que la obligación de producir contenidos en lenguas cooficiales supone una “discriminación” frente a multinacionales extranjeras -como Netflix- que amenaza su viabilidad, especialmente de las cadenas más pequeñas.

Uteca arremete contra el proyecto aprobado el miércoles por el Consejo de Ministros que traspone la directiva audiovisual europea, pero añadiendo para las televisiones y plataformas con sede en España la obligación de que un porcentaje de sus producciones -se habla del 6 %- se haga en catalán, gallego o euskera, algo a lo que el Gobierno asegura que no puede forzar a las multinacionales.

Precisamente, haber dejado fuera a Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney+, Youtube o Facebook (son las que menciona Uteca) ha provocado que ERC, principal impulsor de esta medida, haya amenazado al Gobierno con no apoyar los Presupuestos para 2022, una discusión política que sigue abierta a la espera de conocer los detalles del proyecto, que aún no ha sido publicado.

Uteca confía en que el proyecto sea modificado en el trámite parlamentario, porque con lo que se conoce hasta ahora se condena a las televisiones en abierto a “competir en inferioridad de condiciones con gigantes digitales de dimensión internacional, en un mercado que es global y único, y en el que no caben distinciones regulatorias”, aseguran.

Una “clara desventaja competitiva” que deja en “riesgo de desaparecer” a algunas televisiones y que se podría haber evitado con una ley de mínimos que afectara a todas por igual.

Aseguran además que esta “estricta regulación en cuotas de catálogo en lenguas cooficiales” al margen del castellano se ha introducido en el proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, “sin consultar a los sectores afectados”.

A su juicio, que se hayan introducido requisitos solo para las españolas es una “clara demostración del trato de favor del Gobierno hacia las multinacionales extranjeras” que ofrecen sus servicios en España pero tienen su sede fuera “pues es perfectamente consciente de que no puede obligarlas a cumplirlo”.

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