El CGPJ tumba el informe de la ley de vivienda y hará uno nuevo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer, por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y elaborar un nuevo texto, que debatirá el próximo 27 de enero.

La decisión del poder judicial retrasará previsiblemente hasta febrero la aprobación del anteproyecto de ley de vivienda en el Consejo de Ministros, que tenía previsto enviarlo al Congreso el próximo martes, 18 de enero.

Según informó el CGPJ, los nuevos ponentes serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, tras el rechazo del texto presentado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta.

Este criticaba la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler incluidas en el anteproyecto, aunque avalaba su compatibilidad con el derecho a la propiedad.

Aunque el CGPJ ya advirtió el pasado diciembre de que no veía posible aprobar su informe -que es preceptivo, aunque no vinculante- antes del 27 de enero, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguraba esta semana en Dubai que el Gobierno enviaría el anteproyecto al Congreso el 18 de enero.

Desde Unidas Podemos manifestaron su “preocupación por los retrasos injustificables” en la ley de vivienda, tras conocer lo ocurrido ayer en el pleno del órgano de los jueces.

Considerada una de las “leyes estrella” de los morados y negociada en primera persona por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el anteproyecto permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados tensionados, pone freno a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables y prohíbe la venta de vivienda protegida.

El borrador del informe realizado por Cuesta, de 98 páginas, considera la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez un marco legislativo adecuado para garantizar el cumplimiento del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos, con independencia de que sean las comunidades autónomas las que tengan esa competencia.

Sin embargo, los vocales que se han opuesto dudan sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º.

El autor de la enmienda que ha tumbado el texto de Cuesta, Enrique Lucas, sostuvo que éste parte de una idea errónea, que es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible”.

También consideró erróneo plantear que “algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las comunidades autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.

El texto aprobado por el pleno añade que el punto de partida del informe deben ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”, informa el CGPJ en un comunicado.