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La Fiscalía Europea plantea que el TJUE decida sobre el contrato del hermano de Ayuso

A juicio del organismo europeo se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos

Sede del TJUE en Luxemburgo
Sede del Tribunal de Justica de la Unión Europea en Luxemburgo
S.E.

La Fiscalía Europea ha advertido a la Fiscalía General del Estado que tiene competencia preferente para investigar el contrato de mascarillas por el que cobró el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha sugerido la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La Fiscalía Europea se ha dirigido en estos términos a la Fiscalía española el día en el que debe decidir sobre la competencia para investigar esos hechos, dado que Anticorrupción discrepa de ese criterio y cree que no puede reclamarle la totalidad de las pesquisas.

Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupción del caso Gürtel y ahora representante española en la Fiscalía Europea, pidió la semana pasada a su antiguo jefe, Alejandro Luzón, la investigación abierta por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid por el que el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, había cobrado 55.000 euros.

A juicio del organismo europeo se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, algo con lo que no estaría de acuerdo el departamento que dirige Alejandro Luzón, quien ha planteado un conflicto de competencias ante la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que podría quedar resuelto en la reunión de la Junta de Fiscales, la cúpula de la carrera, este mismo lunes.

En este contexto, la Fiscalía Europea ha lamentado la controversia surgida y ha recordado en un comunicado que su reglamento establece una competencia preferente para que la Fiscalía Europea investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea.

Y, "dado nuestro carácter inédito y la compleja interacción entre las leyes nacionales y europeas bajo las que operamos", ha recordado que en una situación de conflicto de competencias siempre debe considerarse la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha solicitado a la fiscal general del Estado que considere esta opción.

El pasado 22 de febrero, el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón abrió una investigación para dilucidar si había indicios de delito en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia en China que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de Díaz Ayuso y por el que habría cobrado 55.000 euros.

Luzón no aprecia que haya podido cometerse un delito de malversación de fondos comunitarios ya que el dinero público fue empleado "indudablemente" en la compra de mascarillas en pleno azote de la pandemia.

Las diligencias de Anticorrupción se abrieron a raíz de la denuncia que por ese contrato presentaron los tres grupos parlamentarios de la izquierda en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos).

En su decreto de apertura, Luzón rechazó remitir estas pesquisas al Tribunal Supremo, al ser aforada Díaz Ayuso, al no apreciar que los hechos denunciados no constituyen "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada". 

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