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ÓRGANOS DE JUSTICIA

Luz verde a la reforma exprés para renovar el Constitucional

Permitirá al Consejo General del Poder Judicial nombrar a dos magistrados

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid
Sede del Tribunal Constitucional en Madrid
T.C.

El Congreso culminó en apenas 24 horas la polémica reforma exprés para permitir al CGPJ nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 13 de septiembre, una iniciativa en la que los socialistas se enmendaron a sí mismos para contar con la ansiada mayoría progresista en el tribunal.

La iniciativa contó con el apoyo de sus socios de investidura y salió adelante en el Pleno con 187 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones, antes de que fueran rechazadas las tres enmiendas a la totalidad de Ciudadanos, Vox y PP.

Nada de lo que ofreció el PP sedujo al Ejecutivo para que retirara la reforma, que ha puesto en pie de guerra al sector conservador del CGPJ por un capítulo derivado del bloqueo del Consejo, que se ha abierto y cerrado en un mes para alegría del Gobierno de Sánchez.

El asunto se remonta al pasado 12 de junio. Esa fecha venció el mandato de cuatro magistrados del TC, dos de los cuales deben ser nombrados por el Gobierno y otros dos por el CGPJ, que no puede al estar en funciones. Fue el propio Ejecutivo el que con una reforma había impedido al CGPJ que pudiera hacer nombramientos estando en funciones, aunque en el fondo latía la estrategia de no permitir que una mayoría conservadora caducada impusiera sus nombres.

En un primer momento, el PSOE echó un pulso al Constitucional lanzando la idea de que podía nombrar a sus magistrados y que tomaran posesión, pero el mensaje del tribunal fue claro: se renueva por tercios.

La amenaza de una crisis institucional entre Gobierno y TC llevó al Ejecutivo a enmendarse a sí mismo con una proposición de ley para sortear el bloqueo del Consejo para así nombrar a dos magistrados de TC y garantizarse la ansiada mayoría progresista en el tribunal de garantías. Todo en una etapa clave del Constitucional, que deberá fiscalizar en los próximos meses la agenda social de Sánchez.

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