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El desalojo de ‘okupas’ divide al Gobierno

La apuesta de los socialistas para agilizar la salida en caso de allanamiento choca con Unidas Podemos, que no la apoyará

Vista general del Congreso de los Diputados durante la sesión de este jueves.
Vista general del Congreso de los Diputados.
E.P.

La apuesta del PSOE para agilizar los desalojos de ‘okupas’ en casos de allanamiento de morada, que se prevé tramitar este mes de enero en el Congreso, va a abrir una nueva brecha con sus socios del Gobierno de coalición, ya que Unidas Podemos avanza que no piensa apoyarlo.

El pasado mes de septiembre, el PSOE aprovechó la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa de la Justicia para presentar dos modificaciones legislativas para agilizar los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente: que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas y que los jurados populares dejen de ocuparse de los casos de allanamiento de morada.

En aquellas enmiendas, recogidas por Europa Press, lo que planteaba el PSOE era una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que “en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena”, el juez o tribunal pueda acordar motivadamente el desalojo “en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial, sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”.

En riesgo de exclusión

La modificación incluía un segundo punto para asegurar que no haya desatención de menores o de personas de especial vulnerabilidad: “Cuando con motivo de la adopción y ejecución del desalojo se pusiera de manifiesto la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, el juez o tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores así como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias”, precisaba.

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