Guillermo Lasso disuelve la Asamblea Nacional en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó este miércoles la conocida como ‘muerte cruzada’, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada del juicio que se sigue contra él. Menos de 24 horas después del arranque de este juicio político, Lasso firmaba un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días. Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas en un plazo máximo de tres meses para designar diputados y presidente para el periodo que resta de sus respectivos mandatos, hasta 2025.

Lasso afirmó que ser presidente, “un honor sin comparación”, implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda”. “Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador”, declaró en un discurso a la nación acompañado de miembros de su gabinete.

El mandatario consideró que el Parlamento, dominado por la oposición, “tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”. A día de hoy, apuntó, “no es posible avanzar” en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de “fiscalización” sino que se limita a la “obstrucción”. La oposición, señaló, quiere “usurpar” todos los poderes del Estado, impulsada por un “sobrehumano rencor”, en palabras del presidente.

“Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada”, sentenció durante su discurso, en el que volvió a defender la inocencia, tal como hizo en la sesión parlamentaria del martes pasado.

El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares.