El PAR pide un plan para universalizar el acceso a la educación infantil de cero a tres años

ZARAGOZA.- El Partido Aragonés (PAR) ha pedido al Gobierno de Aragón que presente un plan para universalizar el acceso a la educación de los niños de cero a tres años que permita cubrir la demanda que existe a través de plazas públicas de titularidad municipal o autonómica, y concertando el resto con la iniciativa privada.

Desde este partido político han subrayado en una nota de prensa que se trata "de un servicio básico para las familias, para su conciliación laboral y familiar y de gran importancia para el desarrollo en esa edad infantil".

La diputada del PAR en las Cortes de Aragón y candidata de este partido a la Alcaldía de Zaragoza, Elena Allué, ha explicado que piden la universalización de la educación de cero a tres años, "regulando y homogeneizando el servicio prestado, informando de las alternativas existentes, estableciendo tarifas progresivas de acuerdo con la situación socioeconómica de las familias y garantizando la supervisión y el cumplimiento de los requisitos necesarios".

El PAR también ha abogado por que el Gobierno de Aragón presente como anexo al plan una memoria económica para financiar la universalización de la educación de cero a tres años y traslade al Gobierno de España la reivindicación de que ha de contribuir de manera estable a su financiación e incorpore esta realidad a la legislación básica.

Elena Allué ha sostenido que la educación de cero a tres años es "fundamental" para sentar "unas bases óptimas" en el crecimiento y desarrollo cognitivo, psicomotor y emocional de los niños, también, en el establecimiento de patrones, normas, hábitos y comportamientos sociales básicos, así como en la detección precoz de posibles necesidades.

Ha añadido que el acceso para todas las familias que lo deseen y necesiten a un servicio de calidad en el que sus hijos estén cuidados y se desarrollen "es uno de los retos de las sociedades desarrolladas" en las que ya se ha universalizado la educación a otros niveles básicos y obligatorios.

Según ha dicho, "nadie duda de los innumerables beneficios que se le atribuyen a la escolarización temprana, dada, además, la realidad sociológica actual en la que las familias necesitan apoyos externos para la crianza y cuidado de sus hijos".

La diputada del PAR ha indicado que en la actualidad se ofertan 18.720 plazas autorizadas y trabajan 2.437 profesionales en este sector. Además, existen aproximadamente 200 establecimientos que prestan el servicio de atención a niños entre cero y tres años que no están homologados y por tanto no son centros de educación infantil y "deberían regularizarse".

Además, este partido ha considerado que en el medio urbano la oferta de plazas públicas es muy inferior a la demanda teniendo que recurrir en la mayoría de los casos a la oferta privada.

A esto se añade que, en cuanto al acceso a plazas públicas, se prioriza por parte del Gobierno de Aragón como primer criterio de admisión la situación laboral activa de los progenitores "provocando una desventaja y desigualdad en el acceso cuestionables desde diversos puntos de vista", teniendo que asumir el coste de un centro privado aquellas personas con menos recursos.

Por su parte, la portavoz de la patronal aragonesa de centros de Educación Infantil, Sofía Garza, que ha acompañado a Elena Allué, ha valorado la idoneidad de la iniciativa del Partido Aragonés y ha mostrado su apoyo.

SITUACIÓN PRECEDENTE

El PAR ha recordado que impulsó la generalización en Aragón de la gratuidad de la educación infantil de tres a seis años, "dando respuesta a una realidad que en la práctica existía y generaba notables desigualdades entre las familias. Con posterioridad, el Estado incorporó en la legislación básica la gratuidad en este ciclo, cuyo coste asume el Gobierno de España desde ese momento, a pesar de no haber incorporado el ciclo a la educación básica y obligatoria.

Ahora, "la situación laboral de los progenitores, la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar de las madres y padres hace que nadie cuestione la necesidad de contar con un servicio de atención, cuidado y educación de los menores de tres años", ha esgrimido Allué.

Por eso, se ha convertido en un servicio básico "que los poderes públicos deben procurar garantizar y velar por las condiciones idóneas de la prestación del mismo", ha remarcado la diputada, para enfatizar que "la respuesta por parte de las familias a esta demanda es muy variada, lo que genera desigualdades e injusticias".