Duro golpe en Huesca y Zaragoza a la captura ilegal de pesca y su comercialización en países del Este

HUESCA.- La Guardia Civil se ha incautado 8.888 kilos de pescado, básicamente siluros y carpas, capturados de manera ilegal en el río Ebro y en embalses de Huesca y Zaragoza.

La operación Glanis se ha saldado con 23 personas -de nacionalidad rumana- detenidas e investigadas como presuntos autores de delitos contra la salud pública, protección de la flora y fauna y pertenencia a organización criminal.

También han sido intervenidas 10 furgonetas utilizadas por las organizaciones para transportar el pescado desde España a países del este de Europa, varias barcas, remos, cañas, redes de grandes dimensiones, básculas de pesaje y multitud de herramientas relacionadas con la pesca.

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Este grupo delictivo comercializaba en estos países este pecado procedente de España que no es apto para el consumo humano.

La investigación se inició el pasado julio, después de que las autoridades rumanas se pusieran en contacto con la Guardia Civil para exponerle "el gran problema de salud pública" que se estaba generando en aquel país, debido a la venta de pescado en mal estado procedente de Aragón, según han explicado a este periódico fuentes de la Guardia Civil.

Según la versión oficial, a las capturas se les echaban diferentes líquidos para enmarcarar su olor, ya que en muchos casos las piezas llegaban al mercado prácticamente en estado de putrefacción.

Una vez que se puso en marcha el Seprona, fueron detectados varios grupos criminales de nacionalidad rumana que pescaban de manera ilegal peces de río en las provincias de Huesca y Zaragoza con ayuda de artes prohibidas. Los ejemplares capturados eran trasladados a naves donde se almacenaban y eran manipulados y preparados para su transporte en furgones isotermos.

Todo este proceso era realizado sin ningún tipo de control sanitario y en malas condiciones higiénico- sanitarias utilizando documentación falsificada.

Estos grupos criminales están jerarquizados y organizados, suelen actuar en horarios no permitidos a la pesca, normalmente de noche y utilizando para ello medios masivos no selectivos que están prohibidos.

Tras la captura de los ejemplares, los introducían en vehículos y los trasladaban amontonados hasta naves industriales. Allí los evisceraban, limpiaban e introducían en cajas con hielo para su traslado en furgonetas o camiones isotérmicos evitando cualquier tipo de control sanitario.

Todas las aprehensiones llevadas a cabo han contado con la participación de inspectores pertenecientes al Servicio de Sanidad del Gobierno de Aragón. Los funcionarios han declarado el pescado transportado no apto para consumo humano, por lo que se procede a su destrucción.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil en coordinación con distintos Juzgados de Instrucción de las provincias de Huesca y Zaragoza.

OPERACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

Se da la coincidencia de que la operación de la Guardia Civil ha finalizado prácticamente al mismo tiempo que otra emprendida por la Policía Nacional, la "Operación Cárpatos", que ha desarticulado otra organización criminal dedicada también a la pesca y tráfico ilegal de carpas y siluros y hacia mercados del este de Europa.

En esta operación han sido detenidas siete personas y se han intervenido cuatro toneladas de siluros recién pescados. Pescaban en la cuenca del Ebro con artes prohibidas como electricidad o redes ilegales y almacenaban el género en precarias condiciones de salubridad, lo que suponía un grave riesgo para la salud de los consumidores.

La investigación se inició en noviembre de 2018 cuando se recibe comunicación vía Europol sobre la existencia de un grupo criminal asentado en España dedicado a la pesca ilegal de siluros y carpas para su comercialización ilegal en Rumanía. En esta notificación se facilitaba el nombre de pescadores, así como la zona donde se estaba generando la actividad ilegal.

Una vez identificados los nacionales rumanos indicados, se detectó en el mes de diciembre de 2018, una furgoneta convencional saliendo del domicilio de los presuntos pescadores desde España con destino a Francia. Al objeto de confirmar la información, la furgoneta fue parada en frontera para determinar las condiciones de transporte, el volumen de mercancía ilegal que se transportaba, la vía de salida desde España y la documentación que acredita la trazabilidad del producto transportado.

Los agentes pudieron determinar que en el interior del vehículo se transportaba un número importante de cajas cargadas con carpas y siluros, los cuales no tenían marcas de haber sido pescados con anzuelo y que las condiciones de transporte no eran adecuadas para un viaje de esas características por vía terrestre.

Además, los agentes constataron que la documentación que acreditaba el origen de la mercancía estaba falsificada por lo que se procedió a comunicar con las autoridades competentes rumanas para llevar a cabo la detención de la furgoneta en territorio rumano y así poder comprobar qué tipo de documentación presentaban para su entrada en Rumanía.

Al mismo tiempo, y en Eurojust, se produjo una solicitud oficial por parte de las autoridades rumanas para proceder a formalizar un acuerdo de colaboración entre países y en futuro, un Equipo Conjunto de Investigación entre los países, que permitía trabajar con Ordenes Europeas de Investigación.

TRES GRUPOS RELACIONADOS EN HUESCA, ZARAGOZA Y LÉRIDA

Los investigadores llevaron a cabo múltiples vigilancias sobre el grupo criminal objeto de investigación, para obtener datos sobre quiénes lo conformaban y su estructura o jerarquía.º Consecuencia de todo lo anterior se determinó la existencia de tres grupos interrelacionados en Huesca, Zaragoza y Lérida; y se procedió a localizar los domicilios de todos los integrantes; así como el lugar de almacenaje de las artes prohibidas de pesca y el pescado ilegalmente capturado.

De ese modo y en base a las vigilancias in situ, las intervenciones telefónicas concedidas y todos los datos obtenidos documentalmente, se determinó el "modus operandi" de la organización y se concertó con las autoridades rumanas el día concreto en que se llevaría a cabo la explotación de la operación, de modo conjunto y sincronizado, en los diferentes países implicados en la investigación.

Finalmente y una vez acreditado todo lo anterior, lugar de almacenamiento, personas implicadas en los diferentes escalones de la organización, desde pescadores, transportistas, almacenistas, distribuidores, se decidió iniciar la explotación de la operación el día 14 de mayo que se saldó con la detención de siete personas en España y la intervención de cuatro toneladas de siluros recién pescados.