Aragón insiste en que no hay facturas ni documentos de compraventa de los bienes

BARBASTRO.- El Consorcio del Museo de Lérida ha pedido que se desestime la demanda del Obispado de Barbastro-Monzón en las conclusiones del juicio civil por la propiedad de 111 obras de arte de 49 parroquias afectadas por el Decreto de la Congregación para los Obispos de 8 de septiembre de 2005. Además, la declaración de propiedad de 83 piezas y el pago de costas a las parroquias por gastos generados por la conservación y mantenimiento de las obras en el Museo desde 1999 con IPC actualizado.

En las conclusiones, se aprecian posturas muy distintas y alejadas porque los abogados Joaquín Guerrero (Obispado de Barbastro-Monzón) y Alberto Gimeno (DGA) defienden la validez de las sentencias de la vía eclesiástica y el hecho de que nadie haya visto facturas, ni documentos de compraventa que justifiquen las obras que se llevó el obispo Messeguer (1890-1905) para el futuro Museo Diocesano de Lérida.

A partir de ahora, el juez Carlos Lobón tiene la decisión de arbitrar soluciones para una situación que desde Lérida se calificó de "muy compleja", aunque conscientes de que, al mismo tiempo, se han definido muy bien las posturas. El juicio quedó "visto para sentencia" cerca de las tres de la tarde de ayer en espera del fallo que podría llegar en dos meses.

Por primera vez, se usó la definición del "comodato" aplicada en la vía civil como "préstamo de uso en el que una de las partes entrega a otra, gratis, un bien mueble o inmueble para que se sirva y restituya la misma cosa recibida", según explicó Gimeno. En la parte aragonesa, hubo referencias constantes al concepto de "depósito incentivado", dictámenes y sentencias de la Santa Sede sobre la propiedad que acató el Obispado de Lérida. En la misma línea, enajenación de obras sin autorización previa, informe del "ejecutor" Silverio Nieto y testimonios atribuidos al obispo Piris: "Hay gente a mi lado que no quieren que se devuelvan las piezas". Al mismo tiempo, se reiteró que "ningún perito ha visto los contratos de compraventa y obligaciones jurídicas, ni recibos ni licencias autorizadas que justificarían la propiedad que se atribuye el Obispado de Lérida, con su "decisión sorprendente tras reconocer que son de Barbastro-Monzón". En definitiva, "falta acreditación de propiedad por parte del Obispado de Lérida" y sobra "mala fe del Consorcio que no puede reclamar nada porque no es propietario de las piezas". Además, "más de cien años después no es creíble la propiedad sobrevenida ni que se reclame a las parroquias porque nunca autorizaron el depósito de sus piezas en el Museo".

José Luis Gómez, abogado de la Diócesis ilerdense, defendió la decisión del obispo de Lérida de reclamar la propiedad de 83 obras por la vía civil y señaló que "es un hecho probado que el Obispado de Barbastro-Monzón no ha podido ejecutar las sentencias por derecho canónico, no tienen validez en la vía civil ni es posible una homologación de los decretos vaticanos. El código civil no exige contratos de compraventa. Además, quien retiene las obras es el Consorcio".

Jordi Vives, letrado del Consorcio del Museo de Lérida, se refirió a "una situación delicada, de callejón sin salida", aludió a la Ley Mieras de Protección del Patrimonio Catalán (2006) para sacar obras del Museo en condiciones determinadas, planteó la "nulidad subsidiaria" entre posibles soluciones por vía civil y negociaciones de "cosa juzgada", tras reiterar "que el derecho canónico no es aplicable en la vía civil como consta en sentencias del Juzgado de Barbastro (2010) y de la Audiencia Provincial en contra del exequatur que presentó el Obispado de Barbastro-Monzón".