ZARAGOZA.- El Gobierno de Aragón y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras establecieron este martes una mesa de diálogo social para crear certidumbre sobre el futuro de los más de 120 trabajadores de contratas de la Central de Andorra, en Teruel.

La mesa consistirá en reuniones periódicas en las que invitarán a las empresas involucradas -como Endesa, las auxiliares y las interesadas en establecerse en la zona- para obtener datos concretos sobre sus planes y recopilar información para que "no se pierda ni un solo empleo del complejo energético".

Como inicio de este foro, el vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, recibió en Zaragoza a los secretarios generales de UGT y CCOO, Daniel Alastuey y Manuel Pina, respectivamente, para analizar la situación y el futuro de la comarca de las Cuencas Mineras tras el inminente cierre de la central térmica.

Los representantes sindicales, que propusieron este encuentro, indicaron que el consejero convocó en cuestión de horas la nueva mesa de diálogo, que ahora mismo tiene como objetivo inmediato recolocar a los más de cien empleados de las contratas que perderán su empleo en cuestión de meses.

El progresivo cierre de la central se ha producido, sostuvo Alastuey, en una época de "parálisis política" en el gobierno de España, al que tachó de "principal responsable". "La situación política lo complica todo y los trabajadores ven que pasa el tiempo, que no sale humo de la chimenea y es evidente que el momento está cerca", señaló.

Por su parte, Pina recordó que la central dejó de producir hace menos de dos semanas y que cerrará de forma efectiva el 30 de junio, momento que no quieren que les pille en "una situación de a ver qué hacemos ahora".

La intención es que estos trabajadores tengan unos meses de transición y la formación necesaria para ocupar puestos de trabajo en nuevas industrias que se instalen en la zona y, de forma más inmediata, en el desmontaje de la central térmica.

Si la gente se empieza a ir de las contratas, advirtió el secretario general de CCOO, las afecciones se harán notar más todavía en el resto de puestos de trabajo que dependían de la minería y de la central.

Aliaga señaló que esta transición no se limita a los empleados directamente afectados, sino que tiene que "insuflar nueva actividad económica en la zona para rehacer el impacto que se produce por el cierre".

El vicepresidente adelantó que ya hay "algún proyecto sobre la mesa" de nuevas empresas interesadas en la zona, pero que para eso urge la convocatoria del Plan Miner, que se unirá a otras acciones como las ayudas a la industrialización y las del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), que van a priorizar las inversiones en los municipios mineros.