El PP reclama medidas para los agricultores con inversiones

ZARAGOZA.- El grupo del Partido Popular en Las Cortes de Aragón exigió ayer una batería de medidas presupuestarias, laborales y legales para mejorar la situación de los agricultores, que el martes pasado protagonizaron una concentración masiva en Zaragoza.

El portavoz de Agricultura del PP en el parlamento autonómico, Ramón Celma, mostró en rueda de prensa su solidaridad con las "causas más que justificadas" que han llevado a los trabajadores del campo a desplazarse, junto a más de un millar de tractores, hasta la capital aragonesa.

Entre las iniciativas presentadas, Celma solicitó que se revierta el "recorte del último presupuesto sobre los seguros agrarios", una medida que a su juicio ha causado una reducción de un 20 % de esta partida.

También reclamó al Gobierno de Aragón que dé marcha atrás en el último decreto publicado sobre la Política Agraria Común (PAC) en la comunidad, ya que "200 municipios se van a ver afectados" por encontrarse en zonas con limitaciones medioambientales.

Celma propuso además que el Ejecutivo autonómico lleve a cabo una orden de modernización de las explotaciones agrícolas y que apruebe una ley para apoyar a las cooperativas agrarias de la comunidad.

Por otro lado, el portavoz de Agricultura del PP reclamó al Ejecutivo autonómico que exija al presidente Pedro Sánchez que "no se baje ni un solo euro en el presupuesto de la Política Agraria Común".

Celma también denunció que las políticas laborales del Gobierno de Sánchez han provocado un aumento de un 50 % en los costes laborales de los empresarios agrícolas que quieren contratar a más personal en sus explotaciones.

"Tenemos que conseguir que los jóvenes se incorporen al campo con esperanza y no con resignación", expresó Celma, quien cifró una pérdida de 1.500 trabajadores menores de 40 años en el campo durante los últimos cinco años.

A preguntas de los periodistas, el portavoz popular de Agricultura en las Cortes aseguró que las medidas propuestas por los agricultores para fijar precios deben enmarcarse en el "libre mercado" y a lo dispuesto en la Ley de Cadena Alimentaria de 2013.

Desde principios de año, el sector agrario ha salido a las calles en movilizaciones convocadas por las tres principales organizaciones agrarias (Asaja, Coag y UPA) en un total de once comunidades autónomas.

La caída de los precios, los aranceles de Estados Unidos a algunos productos españoles, el aumento de los costes de producción, o la competencia desleal son algunas de sus principales denuncias.