ZARAGOZA.- El Consejo de Gobierno de Aragón acordó ayer llevar a cabo una retención de crédito presupuestario de 45,3 millones de euros, medida que se enmarca en un paquete de actuaciones para impulsar "una nueva cultura del gasto público" garantizando el presupuesto social.

La retención de crédito pretende "dotarnos del margen de maniobra necesario en la actual situación económica y presupuestaria", explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Hacienda de la comunidad autónoma, Carlos Pérez Anadón.

"Esta medida de ajuste vale su peso en oro y ha sido elaborada con apoyo de todos los departamentos", expuso el consejero, quien recalcó que los 45,3 millones de euros representan el 0,7 % del presupuesto autonómico. "No supone ninguna reducción de la prestación de servicios esenciales", aclaró.

También afirmó que a lo largo de los próximos meses el Ejecutivo regional trabajará para ajustar tasas e impuestos. Asimismo, dejó claro que "los aragoneses no pagarán más" y rechazó el "dumping fiscal" de la Comunidad de Madrid.

Pérez Anadón apostó por "adecuar el sistema tributario a las nuevas circunstancias" que se plantean por los acuerdos del cuatripartito, como el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), siempre dentro de la media de la presión fiscal autonómica, lo que se presentará en los próximos meses. El Gobierno diseñará un plan estratégico de subvenciones, cuya eficiencia se medirá con indicadores.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, criticó por su parte que el modelo de financiación autonómica es "deficitario" y ha reivindicado que se actualice para poder atender los servicios públicos con las características poblacionales de Aragón.

El objetivo último es "conseguir la sostenibilidad financiera" para prestar los servicios públicos con la cantidad y calidad suficiente, dijo Pérez Anadón.

Dentro del paquete de medidas anunciado, el Consejo de Gobierno aprobó la firma de un contrato con la Autoridad Independiente en materia de Responsabilidad Fiscal (Airef) para desarrollar un programa conjunto de actuaciones, por ejemplo, la creación de una Unidad de Gestión Sostenible para trabajar de forma "transversal" en toda la Administración autonómica de cara a mejorar la eficiencia del gasto.