ZARAGOZA.- El Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular del caso "crimen de los tirantes", juzgado en noviembre de 2019, solicitaron ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la repetición del juicio en el que se impuso a Rodrigo Lanza cinco años de prisión y el pago de indemnizaciones por más de 205.000 euros por la muerte violenta del zaragozano Víctor Laínez en 2017.

Este jueves se celebró la vista de los recursos de acusaciones y defensa a la sentencia de noviembre de 2019, que condenó a Lanza como autor de un delito de lesiones dolosas en concurso con homicidio imprudente, con las agravantes de alevosía y motivos ideológicos, y la atenuante de leve de arrebato.

La vista desarrolló siguiendo las medidas para la no propagación del coronavirus. Lanza, aunque no intervino, compareció por videoconferencia desde la prisión de Zuera (Zaragoza). Las causas con preso "no quedan al arbitrio del tribunal y hay que celebrarlas", dijo el magistrado y presidente del TSJA, Manuel Bellido antes de iniciar la vista.

Bellido dejó el asunto visto para sentencia, después de que las acusaciones hayan pedido un nuevo juicio, atribuyendo a Lanza un delito de asesinato, y el abogado Endika Zulueta, letrado del reo, haya solicitado la inmediata puesta en libertad y la supresión de las indemnizaciones y las costas del primer juicio.

Las acusaciones mantienen que el veredicto y la sentencia no están bien motivados, que presentan contradicciones y que Lanza es responsable de un dolo eventual, es decir, que sí tuvo conocimiento, en el momento de los hechos, el 8 de diciembre de 2017, de que la agresión a Laínez, que se produjo en un bar de Zaragoza, en el transcurso de una discusión, podía conducir a la víctima a la muerte, como así ocurrió días después.

El veredicto del jurado le encontró culpable de un delito de asesinato y no de homicidio imprudente con lesiones graves, por lo que fue condenado.

A juicio del fiscal, "se ha infringido clamorosamente la Ley del Jurado" porque dispone que el tribunal debe relatar y explicar las razones por las que se declaran o rechaza declarar determinados hechos.

Sin embargo, "no explican absolutamente nada" poniendo el ejemplo de la preferencia por la versión del forense privado, convocado por la defensa, en lugar de la comparecencia de tres forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón y dos médicos del Hospital Clínico de Zaragoza, una de las claves del juicio,.

En representación de la familia de Laínez, el abogado Juan Carlos Macarrón planteó que "procede la nulidad del procedimiento por falta de motivación del veredicto y la sentencia, por la vulneración del interés público --al comparecer varios peritos a puerta cerrada--", tras lo que se ha sumado al recurso del fiscal para afirmar que hubo dolo eventual y ha solicitado que, si la Sala entiende que no cabe, que se aplique un concurso de delito de lesiones con homicidio imprudente.

Por último, el abogado de la defensa, Endika Zulueta, negó que hubiera una agravante de motivación ideológica, ya que la acusación se basa -en este extremo- en que la agresión comenzó tras una conversación de contenido político entre agresor y víctima, pero "nadie escuchó" las palabrasl