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PROTOCOLOS LEGALES

La DGA agiliza los procesos de familia y de violencia machista

Aragón ha puesto en marcha varios equipos psicosociales de refuerzo

La DGA agiliza los procesos de familia y de violencia machista
La DGA agiliza los procesos de familia y de violencia machista
S.E.

HUESCA.- La Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha varios equipos psicosociales para agilizar los procedimientos de familia y violencia machista en las tres provincias con la intención de procurar los mínimos retrasos en estos procesos.

En la provincia de Zaragoza trabaja ya un equipo especializado en asuntos de familia compuesto por dos trabajadoras sociales y cinco psicólogas, que se completan con los dos equipos adscritos al Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), ha informado la DGA en un comunicado. Estos últimos, formados a su vez por una psicóloga y una trabajadora social, asumen el resto de los informes psicosociales solicitados por los órganos judiciales de este ámbito territorial.

En las provincias de Huesca y Teruel trabaja un equipo psicosocial adscrito también al IMLA, que tiene encomendados los informes periciales que puedan solicitar los órganos judiciales de la provincia en cualquier materia, salvo menores.

En el caso de Teruel el equipo se compone de dos psicólogos y una trabajadora social y en el de Huesca de tres psicólogas y una trabajadora social.

La directora general de Justicia, María Angeles Júlvez, ha explicado que desde la declaración del estado de alarma se han ido adoptando un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.

Particularmente en el ámbito de la Justicia, se ha aprobado el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la covid-19, que busca implementar las medidas necesarias para alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los juzgados y tribunales. Entre ellas se encuentra la regulación de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria, que será de aplicación hasta tres meses después de que concluya el estado de alarma.

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