La Cámara de Cuentas fiscalizará las medidas ante la covid-19 tomadas en Aragón

ZARAGOZA.- La Cámara de Cuentas ha abierto un estudio "intenso" de las medidas adoptadas por las administraciones aragonesas para combatir la covid-19, su impacto económico y los mecanismos para su puesta en marcha, en algunos casos "muy flexibles", con contratos por procedimientos de emergencia o sin los controles preceptivos.

"Estamos analizando todo el paquete de medidas, sus costes y el sistema de gestión que se ha autorizado" con el fin, según ha avanzado este lunes el presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, de preparar las auditorías sobre la gestión de esta crisis sanitaria, cuyo impacto, en el caso del Gobierno de Aragón, supera los 400 millones, como ya anticipó en una comparecencia en las Cortes el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

Así lo ha indicado con motivo de su comparecencia ante la ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas para presentar el informe de fiscalización de las operaciones de endeudamiento de la Comunidad entre 2010 y 2016, que se hizo público en noviembre de 2018.

Un informe muy oportuno, ha apuntado, porque permite tener una visión en un periodo de crisis económica de la evolución de la deuda a la que ahora también se recurrirá para afrontar la crisis sanitaria, aunque es "prematuro" saber a cuánto ascenderá porque las medidas "todavía se están fraguando" y casi ni se han terminado de implementar presupuestariamente.

En ese aspecto, ha resaltado que Aragón parte ante esta nueva crisis con un volumen de endeudamiento a 31 de diciembre del año pasado de 8.315 millones de euros (6.306 euros por aragonés), lo que supone que se ha multiplicado por 4,4, en términos absolutos, desde 2010 cuando el endeudamiento inició su escala por la crisis anterior.

Esa cuantía supone el 21,7 por ciento del PIB de Aragón cuando en 2009 era el 5,6 %, con 1.890 millones (1.408 euros por aragonés).

"Esta es la situación de partida y es bueno que la tengamos en cuenta para poder valorar el impacto de las nuevas medidas", ha aseverado, y aunque es pronto para saber cuánto crecerá la deuda por la covid-19, ha apuntado que según las estimaciones más conservadoras de algunas agencias y organismos de evaluación prevén que la deuda nacional representará el 125 % del PIB nacional, y de ésta, las de las comunidades autónomas vienen a representar el 25 %.

En la intervención de los grupos, la diputada del PP Ana Cristina Sainz ha hecho hincapié en que la deuda es un problema estructural por la constante insuficiencia presupuestaria, "un impuesto diferenciado que pagarán nuestros hijos" que complica aún más la salida de esta crisis, y ha criticado que Aragón no haya logrado reducirla en estos años de crecimiento económico.

Oscar Galeano, del PSOE, ha considerado que la deuda no en es en sí misma buena o "el diablo" y ha replicado a Sainz que el Gobierno de Aragón ha conseguido al menos "aplanar la curva" y su descenso precisa de más tiempo y otros escenarios, ya que el actual no es el más propicio.

José Luis Saz, de Ciudadanos, ha incidido en que hubo un crecimiento notable de la deuda en el periodo maduro la anterior crisis por los déficit producidos, en concreto de la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA), que provocó sus "daños colaterales", y había cerca de 500 millones de facturas impagadas de varios años.

Marta Fernández, de Vox, ha apelado a la utilidad de este tipo de informes para "corregir el rumbo", porque "hay una inercia a gastar más de lo que se ingresa y a incumplir compromisos y reglas fiscales", las administraciones están "sobredimensionadas" e impiden que los recursos lleguen a los servicios públicos y a una inversión generadora de riqueza y afrontar la crisis de la COVID-19 sería muy diferente si las cuentas estuvieran "saneadas".

Por su parte, Álvaro Sanz (IU), Carmen Martínez (CHA) y Erika Sanz (Podemos-Equo) han coincidido en que el aumento de la deuda responde a unos ingresos insuficientes frente a los gastos y afrontarlos requiere revisar las herramientas de ingresos y por tanto abrir el debate del modelo fiscal para el futuro.

Finalmente, Jesús Guerrero, del PAR, ha reiterado que el crecimiento de la deuda en los años del informe se debe al sector público, en el que creció más de 3.000 millones.