Aragón estudiará medidas legales contra el trasvase del Ebro

ZARAGOZA.- Aragón estudiará con contundencia "cualquier tipo de medida legal y jurídica" a su alcance contra el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos anuales del Ebro a Cantabria en "estricta defensa" del Estatuto de Autonomía y "del sentido común", según resaltó ayer el presidente aragonés, Javier Lambán.

Preguntado por el aval que la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), principal órgano de gobierno de la cuenca con representación de usuarios, comunidades autónomas y Administración General del Estado, dio el jueves a esta transferencia de carácter indefinido, Lambán recordó que su Ejecutivo ha tomado una posición "absolutamente contraria".

Reconoció que es un trasvase "de muy pequeña entidad", pero añadió que hasta ahora se ha solucionado el problema con medidas "coyunturales", a las que Aragón no se ha opuesto, que detraían 5 hectómetros cúbicos del Ebro y le parecía bien porque "estaba justificado el uso".

Sin embargo, el Gobierno de Aragón no está de acuerdo que se haga "técnicamente y formalmente" un trasvase que contraviene el Estatuto de Autonomía de Aragón, la ley de ríos y aguas y la posición "unánime o prácticamente unánime" de las fuerzas políticas aragonesas.

El portavoz del PAR en las Cortes, Jesús Guerrero, exigió la paralización "inmediata" de la tramitación de la transferencia del Ebro a Cantabria y anima al Gobierno de Aragón a luchar con "uñas y dientes" por los derechos de los aragoneses.

Guerrero apuntó ayer que este minitrasvase permanente "contraviene" los derechos de Aragón en materia hidráulica recogidos en el Estatuto de Autonomía, una ley de obligado cumplimiento "aquí y en Madrid", por lo que reclama además al Gobierno central que también "funcione para Aragón".

Por su parte, el presidente de CHA, Joaquín Palacín, también rechazó el posible trasvase de agua del Ebro a Santander al "no existir razones objetivas que lo justifique".

No obstante, la formación nacionalista explica en una nota de prensa que el Instituto Aragonés del Agua y el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón han emitido un informe desfavorable.