El fondo Covid de Aragón de ayudas al alquiler recibe 131 solicitudes

ZARAGOZA.- Las ayudas al alquiler recogidas en el fondo Covid, que se pueden pedir hasta el 30 de septiembre, han recibido 131 solicitudes de las 556 cumplimentadas en todo Aragón y el objetivo es comenzar a pagarlas en el mes de julio. Así lo ha anunciado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, durante una interpelación formulada por el diputado de Ciudadanos Carlos Ortas, en la sesión plenaria de control al gobierno.

Esta ayuda destina 3,8 millones de euros provenientes del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a los que se sumarán otros 2,6 millones del Gobierno de Aragón procedentes de la línea al alquiler joven y que subvencionarán hasta 600 euros por vivienda y con un plazo total de seis meses.

De forma paralela, el Ejecutivo autonómico ya trabaja de forma anticipada en la línea general de ayudas que se quiere publicar "cuanto antes", si es posible en enero, y que está dotada de 6,9 millones para la general, con la que se podrá atender 5.000 unidades, y con 2 las subvenciones para el alquiler joven, de la que se podrán beneficiar otras 1.500. Un "esfuerzo importante" pero con el que, ha reconocido Soro, no se cubren todas las necesidades.

Respecto a la bolsa de alquiler social, ha recordado que se dedica fundamentalmente a afrontar los desahucios y atender a personas generalmente con problemas socioeconómicos crónicos y a los que hay que dar una respuesta integral mientras que ha reconocido la necesidad de "empezar a hacer pedagogía con el alquiler asequible" como plantea Ciudadanos para dar respuesta a personas que no se encuentran en una situación de exclusión pero no pueden acceder a este mercado.

En este sentido, ha subrayado la necesidad de implicar a los propietarios, puesto que en el 80 % de los casos de alquiler es una persona física, lo que hace "imprescindible" acuerdos entre las partes y lograr un equilibrio que permita garantizar un precio asequible y a la vez una renta al propietario, que "en algunos casos un ingreso que necesita", ha reconocido Soro.

Así, el departamento espera conformar una bolsa con viviendas aportadas por particulares, administración o entidades financieras y un sistema de garantías para incentivar la aportación. Para Soro, la "clave" es que la administración se dote de un parque de viviendas de alquiler que además de reactivar el empleo sirva para garantizar el derecho a la vivienda.

En este sentido, las vías con las que el Gobierno quiere crear ese parque de vivienda asequible pasan por planes de rehabilitación con criterios "pasivhaus" procedentes de los parques de Alcañiz y Teruel, que suman 16 viviendas, y que se espera lanzar la orden de adjudicación este mes. A través de la construcción y promoción mediante un método concesional con suelo público, para lo que ya se cuenta con terrenos en la Merced en Huesca y Valdefierro y, con la colaboración de entidades sociales la posibilidad de hacer una convocatoria de subvenciones orientada a la adquisición directa de vivienda.

En su intervención, el diputado de Ciudadanos ha aprovechado para recordar el "viacrucis" que para acceder a las ayudas en 2018 tuvieron que sortear los solicitantes tanto por los plazos de pago y la burocracia, que además se cobraron "con un año de retraso" y a las que solo accedieron el 40 % de los solicitantes, dejando fuera de la línea general de ayudas al alquiler a 2.500 personas por falta de presupuesto.

Ortas también ha recordado la dificultad para encontrar vivienda en el medio rural y para el acceso a precio asequible en algunas zonas. Así, ha puesto como ejemplo que en Jaca no se dispone de ninguna vivienda para afrontar desahucios o urgencias habitacionales cuando en el mes de octubre había 12 familias con el derecho reconocido mientras que en Alcañiz, con 61 familias con derecho, de cuatro viviendas destinadas a alquiler social estaban ocupadas 3.