El Gobierno de Aragón prevé invertir 4 millones de euros en la mejora de la Justicia

ZARAGOZA.- El Presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, han asistido este viernes a la inauguración del nuevo año judicial, marcado por la realidad impuesta por la pandemia.

El Gobierno de Aragón mantiene su compromiso con la mejora de Justicia en la Comunidad, tanto para agilizar la tramitación y asegurar su respuesta, como en la modernización de los instrumentos a su servicio y cuya puesta a punto requiere una inversión superior a los cuatro millones de euros.

REGISTROS CIVILES ON LINE

La naturaleza de la pandemia Covid-19 y, dado que uno de las principales medidas de lucha contra la misma ha sido el confinamiento de las personas en sus domicilios, ha puesto de manifiesto la trascendencia de las tecnologías de la información y la comunicación poniendo en valor toda su capacidad transformadora de las organizaciones y la Sociedad en general. En este período, la actividad de los registros civiles ha aumentado de forma considerable, bien por la necesidad de inscribir hechos y actos relativos al estado civil de los ciudadanos, o bien para obtener las certificaciones correspondientes.

En la actualidad, de los 711 municipios de la Comunidad de Aragón, solamente 16 municipios tienen los libros de los registros civiles digitalizados. Gracias a ello, los ciudadanos de estos municipios pueden tener acceso a todos los servicios de los registros civiles de forma electrónica.

El proyecto del ejecutivo aragonés pasa por la digitalización de los libros de los registros civiles (nacimientos, matrimonios y defunciones) de todos los registros civiles de los municipios de Aragón con el fin de incorporarlos al sistema Inforeg y posibilitar la gestión electrónica de los mismos.

El proyecto va más allá del servicio a los ciudadanos ya que supone la modernización y mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de la actividad registral, la integración en el proceso electrónico de terceros, como es el caso de los hospitales públicos y privados para la inscripción de nacimientos, y, también, la conservación del patrimonio histórico asociado a los libros de los registros civiles.

Actualmente, como proyecto piloto, se está desarrollando la digitalización de los registros de los partidos judiciales de Calatayud y Huesca, 113 municipios en total.

En concreto, el proyecto que se plantea para su financiación, que asciende a 3,5 millones de euros, consiste en la digitalización del resto de municipios de Aragón para su incorporación al sistema Inforeg y, con ello, disponer del servicio de Registro Civil On line en todo el territorio de la Comunidad autónoma de Aragón. Proyecto que tiene una trascendencia significativa en lo que a la cohesión social y territorial se refiere, contribuyendo también a la superación de la brecha digital.

INTEGRACIÓN DIGITAL

La Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene plenamente implantado el Expediente Judicial Electrónico. El sistema de gestión procesal Avantius permite que, tanto la gestión interna de los juzgados, como las comunicaciones con los colectivos profesionales, intervinientes especiales, personas jurídicas y físicas, sean plenamente electrónicas. Conseguido este hito, los proyectos, al margen de la mejora y evolución del sistema, se centran, por un lado en la incorporación al sistema de los colectivos profesionales menos numerosos, como es el caso del Colegio Notarial, Registro de la Propiedad, etc., y, por otro lado, en la integración del sistema de gestión procesal con otros sistemas de información, como es el caso del sistema de gestión de expedientes del Gobierno de Aragón Bent y el Sistema de Gestión Integrada de Registros (SIR) de la Administración Central del Estado. Esta iniciativa implicará una inversión de 450.000 euros.

ACCIONES RESPUESTA A LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

La situación económica derivada de la pandemia pone de manifiesto una realidad social, como es el aumento de los procedimientos en el ámbito laboral, para lo que ya se ha solicitado formalmente la creación para el próximo año de un Juzgado de lo Social que permita rebajar los tiempos de tramitación de los procedimientos por despido, incapacidades, etc.

No será la única petición que se formule, ya que existen materias delicadas que requieren una respuesta rápida, como las que atañen a la violencia sobre la mujer.

Igualmente, desde el 1 de septiembre se ha puesto en marcha un Registro Civil bis en la Ciudad de Zaragoza que permita tramitar los expedientes de celebración de matrimonios civiles y las juras de la nacionalidad española cuya tramitación se paralizó por el Registro Civil ante la saturación acumulada durante el periodo de restricción de movilidad.

Además, se ha puesto en marcha, en todos los Partidos Judiciales de Aragón, un refuerzo, con nombramiento de un funcionario interino, para la tramitación prioritaria de los procedimientos que se tramiten sobre violencia sobre la mujer.

Aragón es actualmente la primera Comunidad de España que en una mesa sectorial sindical han llegado a acuerdo sindicatos-administración para la regulación del teletrabajo de los funcionarios de Justicia, acogiéndose a esta modalidad laboral la mitad de ellos.

Durante el estado de alarma esta Comunidad Autónoma ha conseguido que la Administración de Justicia no parase, tramitándose un 48% de lo que se tramitó en el mismo periodo de 2019. Teniendo en cuenta que entró un 30% menos de lo que entró en el mismo periodo de 2019, resulta que prácticamente se ha tramitado el 75%.

Ello ha sido posible por contar con una administración judicial totalmente electrónica, unos funcionarios cualificados para poder hacer teletrabajo, y unos Jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia dotados con los medios materiales necesarios para poder realizar su actividad en teletrabajo.

Las Salas de vistas virtuales, las videoconferencias, la cita previa, etc. son los sistemas organizativos que han contribuido y contribuyen a restringir la movilidad de los ciudadanos y de los profesionales que demandan los servicios públicos.