Aragón

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La Asociación de Autónomos de Aragón elabora un estudio sobre 'Precariedad laboral, falsa subcontratación y economía sumergida' en la Construcción

Este documento pretende ser un plan de actuación para analizar y ahondar en los principales problemas del sector

La Asociación de Autónomos de Aragón elabora un estudio sobre 'Precariedad laboral, falsa subcontratación y economía sumergida' en la Construcción
La Asociación de Autónomos de Aragón elabora un estudio sobre 'Precariedad laboral, falsa subcontratación y economía sumergida' en la Construcción
EFE

ZARAGOZA.- La Asociación de Autónomos UPTA-Aragón ha elaborado un estudio sobre 'Precariedad laboral, falsa subcontratación y economía sumergida' en la Construcción. Este documento pretende ser un plan de actuación para analizar y ahondar en los principales problemas del sector.

El texto presta especial atención al sector de la reforma y la rehabilitación, dado que es donde existe un más alto nivel de economía sumergida. "El primer inconveniente surge al solicitar las licencias de obra, al no comprobarse por parte de los ayuntamientos que la empresa o autónomo que aporta el presupuesto esté dado de alta en el RETA o en el RGSS", ha señalado la asociación.

La propuesta de UPTA es la de crear un nuevo impreso pre-configurado que sustituirá al presupuesto aportado por el contratista. Éste daría información adicional y diferenciada sobre los profesionales que intervienen en las reformas, las diferentes subcontratas que las empresas realizan y los presupuestos iniciales de cada uno de ellos.

Asimismo, ha reclamado la creación de una unidad de control urbanístico debido a la deficiencia de los controles posteriores a la concesión de licencias por parte de las administraciones locales. De esta forma, se comprobaría la obra declarada y la realizada así como el control sobre las obras que carecen de licencia.

Igualmente, la asociación considera prioritaria la creación de acuerdos de colaboración en materia de economía sumergida entre administraciones locales. El ayuntamiento aportaría los datos del registro público de licencias urbanísticas con el fin de que inspección de trabajo y hacienda comprueben dicha información y se detecte la existencia de irregularidades en los datos declarados y, por tanto, se determinen las consiguientes actuaciones.

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