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Aragoneses en Cataluña piden acciones legales contra la inmersión lingüística

La asociación Convivencia Cívica Catalana considera perjudicial este sistema

Aragoneses en Cataluña piden acciones legales contra la inmersión lingüística
Aragoneses en Cataluña piden acciones legales contra la inmersión lingüística
S.E.

HUESCA.- La asociación Convivencia Cívica Catalana solicitará a todas las instituciones aragonesas que inicien acciones legales, al amparo del Estatuto de Autonomía de Aragón, contra la inmersión lingüística obligatoria únicamente en catalán.

En un comunicado, esta organización que este sistema perjudica de manera "muy intensa" a los hijos de las familias aragonesas que cambian su residencia a Cataluña, una situación que recogen sus responsables en estudio de los resultados de alumnos castellanohablantes tanto en Aragón como en la región catalana.

Además, esta asociación ha presentado un informe jurídico sobre la "evidente anticonstitucionalidad" del sistema de inmersión lingüística en el que se incluyen sentencias del Constitucional y del Supremo sobre esta cuestión.

En su informe "Los efectos de la inmersión lingüística en los hijos de aragoneses desplazados a Cataluña" se utilizan datos oficiales del informe PISA para evaluar y medir el "efecto devastador" que tiene el actual sistema de inmersión lingüística en los hijos de familias aragonesas desplazadas.

Según el presidente de Convivencia Cívica de Cataluña, Ángel Escolano, el informe acredita que la ratio de fracaso escolar de los hijos de aragoneses desplazados en Cataluña es el doble que el de los catalanohablantes, "algo que nos resulta escandaloso", añade.

Escolano, tras advertir que el rendimiento escolar de un niño aragonés es seis puntos inferior al de un alumno de igual origen, renta y perfil en Aragón, ha explicado que la "gravedad" de las conclusiones de su informe exige la adopción de medidas contra un sistema de inmersión que lesiona los derechos de las familias aragonesas y declarado inconstitucional por los tribunales.

Por esta razón, la asociación remitirá su informe al Justicia de Aragón, a los grupos políticos de las Cortes aragonesas, a las diputaciones provinciales y a los principales ayuntamientos de la Comunidad.

En sus misivas, esta organización reclamará en sus escritos el envío de un requerimiento a la Generalitat para que adapte su sistema educativo a las sentencias del Constitucional y Supremo referidas en un plazo de tres meses, con una advertencia de interponer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En este sentido, la entidad ofrece en su carta todos sus servicios jurídicos y de asesoramiento a las instituciones aragonesas, así como todas las sentencias obtenidas a favor de su demanda.

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