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SERVICIOS SOCIALES

Ocho mesas de trabajo identificarán necesidades de la discapacidad en Aragón

Servirán para establecer las prioridades en materia de discapacidad en el desarrollo de la Ley de Derechos y Garantías

Ocho mesas de trabajo identificarán necesidades de la discapacidad en Aragón
Ocho mesas de trabajo identificarán necesidades de la discapacidad en Aragón
G. A.

ZARAGOZA.- Ocho mesas de trabajo en torno a diferentes materias como empleo, accesibilidad, servicios sociales, mujer, educación inclusiva y formación, contratación pública, función pública y turismo servirán para establecer las prioridades en materia de discapacidad en el desarrollo de la Ley de Derechos y Garantías aprobada en marzo de 2019.

Así lo ha anunciado el presidente de Aragón, Javier Lambán, con motivo de la firma del protocolo con el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Aragón que ha suscrito su presidente, Luis Gonzaga.

Un acto con el que se ha conmemorado además el Día de la Discapacidad y se ha dado lectura al manifiesto con los diez puntos que reclaman el colectivo para la mejora de su integración en la sociedad.

Como ejemplo del compromiso del Ejecutivo con la discapacidad, el presidente de Aragón ha citado el aumento de la partida destinada a este concepto, que ha pasado de los 47 millones de euros en la última legislatura del PP a los 81 que figuran en los presupuestos de 2021, seis años después.

"Un incremento del que más orgulloso me siento", ha reconocido Lambán, quien ha añadido además como ejemplo de esa "vocación" del Gobierno por colaborar con el colectivo el aumento en casi un 10 % de la partida de Ciudadanía, hasta los 443,3 millones de euros y a los que se suman otros 33 de fondos de la UE.

También ha recordado el apoyo de 1,5 millones de euros para cubrir los gastos extra de personal durante la pandemia de la covid-19, un esfuerzo presupuestario que se reflejará en 2021 en el precio de la plaza concertada en discapacidad, que crecerá un 2,5 %, después de un aumento de un 7,5 % este año.

El acto ha contado además con la presencia de las consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y de Presidencia, Mayte Pérez, como ejemplo, ha dicho Broto, de que para conseguir la "vida plena" que reclama este colectivo y hacer efectiva la citada ley son necesarias actuaciones con todos los departamentos del Gobierno.

Un compromiso que el Gobierno, como ha resaltado la consejera de Ciudadanía, ha demostrado con acciones y el trabajo "de su mano (de Cermi) y a su lado" y un compromiso de lealtad que ha redundado en el bienestar de esas personas.

Broto ha recordado que este colectivo, junto con el de las personas mayores, es el que más han sufrido las consecuencias de la pandemia y, en este caso, con la dificultad que supone el aislamiento para estas personas en las residencias y por tanto una mayor facilidad para que se propague la covid-19.

La consejera ha sido consciente asimismo de las consecuencias económicas que ha supuesto la pandemia para las residencias, que han tenido que afrontar por la adquisición de material de protección y aumentar las contrataciones y a las que, ha asegurado, "hemos tratado de dar la mejor respuesta" con el presupuesto y los fondos de la UE.

Desde Cermi, su presidente se ha mostrado optimista con el desarrollo de este protocolo y la convocatoria de las mesas, que se reunirán una vez por trimestre, con la esperanza de que sea "una herramienta útil y contribuya a una mayor integración de estas personas en la sociedad" y al desarrollo de la Ley de Garantías a lo largo de esta legislatura.

Garantizar la reserva del 8 % de plazas en las convocatorias de empleo público; trabajar en la promoción de la autonomía personal a través del asistente personal; aprobar la norma que regule la accesibilidad universal en los proyectos de espacios urbanísticos, arquitectónicos y las infraestructuras y servicios de transporte de uso público, y equiparar en el catálogo ortoprotésico de Aragón la posibilidad de que el usuario pueda elegir el producto que más se adapte a sus necesidades son algunas de las 16 líneas de actuación que recoge el protocolo, que tiene una vigencia de dos años prorrogable.

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