El juez desestima paralizar el Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento, que este jueves se pone en marcha

HUESCA.- El juez ha dado un plazo de diez días a la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y a los bomberos que han presentado un recurso contra el Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) para que la institución provincial explique todo el proceso llevado a cabo para la creación de la nueva entidad y a los demandantes para que detallen qué parte de los trámites es la que quieren impugnar.

De este modo ha dado respuesta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo al recurso presentado por nueve aspirantes en los procesos de selección para la creación del Speis, que piden la paralización de la transferencia de medios y personal de las comarcas al nuevo Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento. El juez desestima la medida cautelar de paralizar dicha transferencia y, de momento, únicamente requiere a las partes más información.

Tras la notificación judicial, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, ha confirmado que la puesta en funcionamiento del Speis "sigue adelante", por lo que este 31 de diciembre a las 19 horas, tal y como se había previsto, arrancará oficialmente este servicio provincial.

Este recurso de última hora no paralizó el trabajo técnico para que el Speis arrancará su andadura en la fecha prevista, por lo que todo está listo para su puesta en funcionamiento.

Por otra parte los presidentes de las diez comarcas altoaragonesas han mostrado su deseo de que el recurso se desestime, ya que - apuntan-sería prácticamente inviable la puesta en marcha de este servicio sin contar con el personal transferido.

Asimismo, expresan su preocupación porque las comarcas no han contemplado en los presupuestos de 2021 partidas para los servicios comarcales de bomberos, de acuerdo a las transferencias acordadas en los diferentes plenos de sus instituciones. En este sentido, destacan que incluso algunas de ellas han aprobado en pleno extinguir el servicio a partir del 1 de enero.

"En caso de que la demanda prosperara, la situación del personal de las comarcas sería muy complicada, porque deberían retornar a un servicio que ya no existe en las comarcas lo que llevaría a la obligatoriedad de proceder a iniciar expedientes de despido objetivo al no existir ya este servicio", explican los presidentes de las diez comarcas en una nota de prensa.

Por último, lamentan que se ponga en duda el sistema de contratación del personal de sus instituciones, "ya que todo el personal que se transfiere de las comarcas a la Diputación Provincial ha superado los procesos selectivos que en cada momento la norma ha obligado a las administraciones públicas", aseguran.