Miguel Gracia, presidente de la Diputación Provincial de Huesca: "Podemos apoyar en planes para el esquí, pero la prioridad ha de ser lo nuestro"

HUESCA.- Este año marcado por la covid, ¿cómo ha afectado a la actividad de la institución?

-Ha afectado a la manera de gestionar, pero lo que ha intentado la Diputación ha sido seguir siendo eficientes con el teletrabajo en los momentos más duros. Incluso se ha dado apoyo -con epis y reparto de mascarillas- a los más afectados, a los trabajadores, a la población en general... a través de las comarcas. Todo se ha sacado por la eficiencia del funcionariado de esta casa, y es una satisfacción.

¿Ha mermado recursos?

-No han sido cantidades que tuviéramos previstas dentro del presupuesto, pero sí que se ha priorizado hacia ese campo. También hemos dado apoyo a residencias, que eran deficitarias; a los ayuntamientos; y a las comarcas, que han sido las que más se han encontrado con los problemas de familias vulnerables. Antes, la Diputación no entraba en eso y este año, por desgracia, ha sido una novedad.

El sector de la nieve reclama ayudas. ¿Qué papel juega ahí la Diputación?

-La Diputación Provincial ve este asunto con preocupación. El confinamiento perimetral de las comunidades vecinas y de Zaragoza para el esquí y la montaña es un duro golpe. Hemos planteado una moción de apoyo, entendiendo que detrás de las empresas de la nieve está todo un mundo que depende de él. Por eso, el Gobierno central tiene que entrar en ese apoyo y el Gobierno autonómico también es competente. Con ayuntamientos y comarcas, nos hemos apoyado, sobre todo en un año que entendemos -y algunos ayuntamientos así nos lo han manifestado- que hay recursos de esos remanentes que podrían ayudar en planes de contratación, si no en el mundo de la nieve sí en trabajo en esas zonas rurales.

El PP ha sido muy crítico y pide una cumbre a tres bandas. ¿Será posible?

-Pienso que el PP está politizando el tema con un evidente interés. Es un error tremendo cómo se planteó esa manifestación (la de la hostelería del 23 de diciembre) desde la confrontación. Nosotros éramos partidarios de que hubiera un entendimiento político y empresarial. Me consta que una gran parte de empresarios del Pirineo también eran partidarios de ese entendimiento, pero al PP y a algún dirigente de asociaciones empresariales lejanas del Pirineo no les gustó ese acercamiento. Creo que eso es malo para el sector y para el territorio.

Llevaba años reclamando poder utilizar los remanentes y por ello se ha duplicado la dotación del plan de obras de los municipios. ¿Cambia mucho el panorama?

-Es nuestro reto de 2021. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de gestionar porque, con el levantamiento de las reglas fiscales, tenemos la oportunidad de gastar ese dinero que tanto hemos reclamado, pero es difícil de gestionar. Esperamos que las leyes de contratación, como todo el mundo ha prometido -legisladores, gobierno central y gobierno autonómico- se flexibilicen al menos en los tiempos.

¿Hay temor a que no se puedan ejecutar?

-En esos procesos, aparte de la contratación, las redacciones de proyectos, las ejecuciones de obras... va a haber una gran competencia y todos los ayuntamientos están en el mismo punto. Por eso hemos hecho un plan único, dotándolo del doble de dinero. Las administraciones corremos el peligro de bloqueo como no sepamos dedicarnos a lo nuestro. No se nos puede cargar ahora de cosas que no son de nuestra competencia. Podemos ayudar a la DGA, pero no nos podemos salir del carril de la gestión propia, que es apoyo a los municipios. En este plan de obras permitimos cuatro proyectos por cada uno de los 202 municipios, por lo que son más de 800. Solo este plan es de una dimensión tremenda. Si queremos ahora un plan de concurrencia competitiva para los hoteles del Pirineo... no tenemos recursos.

¿Es clave este plan ahora?

-Se ayuda a la economía, a que funcionen los territorios, y en esos pequeños hoteles si hay obras, habrá contratistas... Podemos entrar, pero en colaboración como hace el Ayuntamiento de Huesca. Podemos entrar en una bolsa donde la administración competente, llámese Arturo Aliaga, Mayte Pérez... gestione un plan donde nosotros podemos ayudar. Aprobamos un dinero, como recientemente de un millón de euros para ayudas a autónomos, pero que lo gestionen, porque si no bloqueamos la casa. Nos tenemos que dedicar a lo nuestro.

En este plan de obras el PP critica los criterios de reparto. ¿Es lógico ayudar más a los municipios que cobran los impuestos más altos?

-Asumo las críticas absolutamente y defiendo el plan. Primamos a quien más lo necesita, a quien tiene los impuestos más elevados, a aquellos ayuntamientos que tienen menos recursos y tienen que castigar más. El que tiene centrales eléctricas, regadíos... no tiene la necesidad de elevar sus impuestos, entonces le damos un poco menos. También lo hace Hacienda con nosotros, con ayuntamientos y diputaciones, ya que uno de los criterios es el esfuerzo fiscal. También por número de núcleos, por habitantes... Tenemos ayuntamientos con un núcleo solo que cada año tiene su plan y hay otros que tienen 10 y tienen más obligaciones, por lo que es lógico que tenga un criterio preferencial.

¿Se va a conseguir una financiación específica, como pide desde la DGA, por ser un territorio despoblado?

-Tiene que ser antes o después. Desde la Secretaría General para el Reto Demográfico (Gobierno central) y la propia FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) es una de las cuestiones que estamos hablando, para que se tengan en cuenta zonas de montaña, demografía, envejecimiento... dispersión de la población, donde evidentemente los servicios que tiene que dar la Comunidad Autónoma son más caros.

El Gobierno central nombró a Francesc Boya secretario general para el Reto Demográfico, con el que ha reclamado estas cuestiones durante años. ¿Se conseguirá ahora?

-Al menos se insistirá en ello: tener un determinado servicio en Zaragoza, por el número de habitantes, es mucho más barato que en Sobrarbe.

Ha solicitado cambios legislativos para favorecer el asentamiento de la población. ¿Hay avances?

-Estamos trabajando y nosotros vamos a tener gente allí, en un Estatuto para el Pequeño Municipio, para que haya una legislación específica para ellos. Pero también pensamos, y antes o después también llegará, que igual que hoy toda ley tiene que tener su informe o visión desde la sostenibilidad ambiental o la igualdad de género, también tendría que tener el concepto de la ruralidad, contemplar cómo afecta esa ley al territorio y a la demografía.

¿Se conseguirá la coordinación entre administraciones para el reto demográfico?

-Se ha puesto en marcha dicha comisión nacional, donde participan las comunidades autónomas, el Ministerio de Transición Ecológica y la FEMP representando a los municipios. Esa es la transversalidad que debe existir, independientemente de que cada gobierno implique a los distintos departamentos en sus políticas.

¿Y Europa?

-Qué duda cabe que hoy está el reto de Europa, que juega un papel muy importante para que determinados proyectos, sobre todo autonómicos, incidan en ese territorio para fijar población con políticas económicas y de desarrollo.

¿Habrá dinero de Europa?

-Los fondos llegarán. Tenemos que ser nosotros los que tengamos esos proyectos que dinamicen y mantengan vivo el territorio, que sean atractivos para implicar a todas las administraciones en ese desarrollo territorial. La comunidad autónoma tiene mucho que decir y el Gobierno central también.

La DPH ha lanzado un plan de vivienda para ayudar a los ayuntamientos a que rehabiliten viviendas para alquiler. ¿Hay demanda?

-Sí, uno de los mayores déficit en las zonas rurales es la falta de vivienda o, mejor dicho, que no hay mercado. Lo que hemos puesto a disposición de los ayuntamientos es un plan donde a través de créditos sin intereses a largo plazo los ayuntamientos puedan hacer vivienda, siempre dentro de los actuales cascos, muchos de ellos vacíos, que pueda facilitar el asentamiento de las familias. Que no nos encontremos con que haya gente dispuesta a ir después de esta pandemia y que no pueda.

¿Donde hay se ocupan?

-Sí, eso es lo curioso. Donde hay vivienda, al final llega gente. No necesitamos los censos que teníamos, necesitamos invertir la pirámide poblacional.

¿Con la pandemia está llegando gente?

-Sí, creo que sobre todo porque existe la posibilidad del teletrabajo. Este confinamiento ha abierto los ojos a esa realidad que no se veía desde la zona urbana. El mundo rural se veía como un mundo marginal y ahora, como un mundo de oportunidad, porque puedes trabajar.

Concluye el Plan de Extensión de la Banda Ancha para llevar internet de calidad a 321 núcleos de menos de veinte habitantes. ¿Habrá un segundo plan para llegar al resto?

-Se está a la espera de la resolución del concurso para operadoras del Ministerio, con lo cual nos impide a otras administraciones lanzarnos. En función de cómo quede la provincia, habrá que pedir un plan de complementariedad, para llegar a donde no llegue el Ministerio. El gran problema lo tenemos con el programa ConectaAragón, que llevó internet a las puertas de más de 70 poblaciones de la provincia, unos 15.000 habitantes en total, pero no se desplegó.

Se da la paradoja de que hay poblaciones de 20 habitantes con banda ancha y otras de 500 no, ¿entonces?

-Lo que en un momento se entendió como una fortuna entrar en ese plan, no ha sido así. Pensamos que a operadoras del plan nacional ahora les podía interesar, porque les han bajado el listón de obligaciones. Así están poblaciones como Almuniente, Frula, Pomar de Cinca... Nosotros nos planteamos llegar si no lo hace el ministerio y las operadoras.

La Diputación fue pionera. ¿Podría ser la primera provincia conectada al completo?

-Siempre hemos valorado poder decir que Huesca era un territorio conectado. Si resolvemos el ConectaAragón, estaremos en el liderazgo nacional de lo que es la zona rural.