Aragón elevó hasta 219 millones gastos sin cobertura presupuestaria en 2019

El Gobierno de Aragón duplicó en 2019 los gastos contabilizados sin cobertura presupuestaria, al pasar de 102 millones en el ejercicio precedente a 219 millones, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

El consejo de la Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad del ejercicio de 2019, que es "favorable con salvedades" y en el que se indica que el saldo de la cuenta 413 (la 409 en el ejercicio anterior) ha pasado de 102 millones a 219, fundamentalmente por los gastos sin cobertura presupuestaria del Servicio Aragonés de Salud, que llegaron a 191 millones, 114 millones más que en 2018.

Esa es una de las salvedades por incorrecciones en los estados contables del informe de la Cámara de Cuentas, que identifica varios incumplimientos significativos de la normativa que rige la gestión económica.

En 2019, el gasto consolidado de la Comunidad fue de 6.528 millones de euros, 2.312 correspondientes a gastos de personal, mientras que los ingresos ascendieron a 6.328 millones, el remanente de tesorería fue negativo por 860 millones y el endeudamiento neto aumentó 20 millones y se situó en 8.812 a final del ejercicio.

En opinión de la Cámara de Cuentas, estos datos muestran una situación económico-patrimonial "delicada" que puede empeorar por el impacto de la covid-19 en las cuentas públicas si no se reciben fondos extraordinarios suficientes y se gestionan correctamente.

Entre las salvedades, el informe señala que la cifra del patrimonio neto de la comunidad, negativa por 2.128 millones, no refleja su imagen fiel debido a las incorrecciones detectadas en la gestión del inventario contable.

Los auditores también destacan la falta de contabilización de los compromisos de gasto futuros por 1.942 millones.

De ellos, 1.293 correspondientes a las amortizaciones del préstamo ICO del Fondo de Liquidez Autonómica de 2019, sin considerar los intereses asociados, 170 anuales por los conciertos con los centros de enseñanza, 51 para la refinanciación de Zaragoza Alta Velocidad, 425 adeudados al Estado por las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2008 y 2009 y 3 por el endeudamiento financiero del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.

Otra salvedad es la provisión insuficiente para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas derivadas de litigios, entre ellos, la reclamación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de 34 millones en concepto de liquidación del convenio para la financiación del tranvía, que no está reflejada en las cuentas autonómicas.

Respecto a la auditoría de legalidad, la Cámara señala que en 2019 la administración incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y periodo medio de pago a proveedores.

Un año más, el informe advierte de la insuficiencia del presupuesto del ejercicio (en esta ocasión prorrogado de 2018) para hacer frente a la actividad de la Comunidad, lo que ha obligado a realizar modificaciones presupuestarias, algunas fuera del ejercicio, por un importe consolidado de 509 millones, y a algunas de ellas para atender gastos previsibles, como la nómina del personal docente y sanitario.

La Comunidad también incumplió el Estatuto Básico del Empleado Público al no convocar las ofertas públicas de empleo necesarias para reducir la elevada temporalidad de su personal, que a 31 de diciembre de 2019 afectaba al 46 % de los 59.847 empleados de la comunidad.

Por otro lado, el análisis de la contratación refleja que en 2019 la comunidad realizó 9.999 contratos por un total de 307,6 millones, a los que habría que añadir 196 millones de gasto sin contrato correspondientes a la compra de productos farmacéuticos e implantes.

Según la Cámara de Cuentas, la muestra de contratos analizada indica que una de las incidencias más frecuentes es la falta de motivación en los casos de contratación de emergencia.

Asimismo, la Comunidad incumplió el porcentaje mínimo del 3 % de contratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción.

La evolución de la contratación en los tres últimos años muestra un esfuerzo para la mejora de las aplicaciones informáticas y los servicios relacionados con la administración electrónica, así como la contratación de obras de mantenimiento y construcción de centros hospitalarios.

La Cámara incide además en que del análisis sobre la evolución de las políticas de gasto se desprende que en la administración autonómica no existe una planificación general y plurianual del gasto, ni un seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos en los distintos programas presupuestarios.

En esta ocasión, la Cámara de Cuentas también analiza la situación financiera de las empresas públicas autonómicas y señala que el 60 % presentan pérdidas y el 70 % tienen deudas, por un importe global de 168 millones.

Estos datos, y el hecho de que la principal fuente de ingresos para la mayoría sean las aportaciones del Gobierno de Aragón, reflejan la dependencia que tienen las empresas públicas de la administración autonómica para su viabilidad presente y futura.

La Cámara concluye con seis recomendaciones, entre ellas, el registro y valoración correcta de todos los bienes e infraestructuras de la comunidad para que el valor de los fondos propios sea el real, realizar una planificación general a la que se ajusten los objetivos concretos de los dist9iointos programas presupuestarios, incorporar técnicas de seguimiento del cumplimiento de dichos objetivos y la convocatoria de las ofertas públicas de empleo para reducir la temporalidad.

El informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad de 2019 ya ha sido remitido al presidente de Aragón y a las Cortes para su presentación y debate en el pleno.