La pandemia ha hecho "invisible" la vulnerabilidad de los menores en Aragón

La larga evolución de la pandemia por coronavirus y las restricciones adoptadas para hacerle frente han convertido a los menores en "víctimas invisibles" de la situación y han agudizado la problemática de la vulnerabilidad y del riesgo de exclusión social de este grupo.

Así lo ha explicado este lunes El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, durante la presentación en las Cortes aragonesas del informe "Menores de 2020", que busca dar mayor visibilidad a los niños y adolescentes en el contexto de la pandemia, especialmente a los más afectados por el riesgo de exclusión.

En su intervención, Dolado ha explicado que los menores han sido uno de los grupos de población más afectados por la pandemia al ver restringidos sus movimientos, posibilidades de socialización y actividades extraescolares o deportivos, un contexto en el que, sin embargo, han sido, en su opinión, "ejemplo de adaptación, respeto y constancia" .

Ha advertido, por otra parte, de que durante el año pasado aumentaron las quejas ante su institución en un 25 % respecto al ejercicio anterior, una situación que ha atribuido al "desamparo" y a la falta de atención de las instituciones a los menores y las familias a causa de la pandemia.

Unas quejas, ha añadido, entre las que destacan las referidas a la discapacidad intelectual, violencia intrafamiliar, relaciones familiares, medidas de protección, adopción o acogimiento.

El Justicia ha hecho referencia previamente al "dato preocupante" del progresivo descenso de la natalidad en Aragón, con una pérdida anual de 600 nacimientos en los últimos once años.

Los datos, que ha precisado su asesor en materia de infancia, Andrés Esteban Portero, indican que en 2020 los menores de 1 año contabilizados se situaron por primera vez debajo de los 10.000 después de once años (9.441), un 31 % menos.

Esta situación, ha resaltado Portero, aunque se ha visto compensada por la incorporación de 2.000 recién nacidos de origen extranjero, es una "señal preocupante".

También ha hecho referencia al "desequilibrio territorial" existente, ya que las tres comarcas que más nacimientos registran aglutinan el 70 % del total, mientras que las tres que menos tienen sólo suman un 0,5 %.

El informe revela, por otra parte, que la tasa de pobreza relativa en menores de 0 a 17 años se incrementó en 2019 en cuatro puntos en relación al año anterior hasta situarse en un 25,81 %, un dato negativo que, según el asesor de el Justicia, es el "dato de partida" para una situación que se ha visto agravada en 2020 a causa de las brechas sociales generadas por la pandemia.

"Por tanto, la situación de la vulnerabilidad infantil está aumentando en Aragón, con graves consecuencias en su desarrollo integral, al tener un comportamiento acumulativo que incrementa la desigualdad y pone en riesgo de exclusión social a esta población", subraya el informe.

El Justicia ha advertido, por otra parte, de que el cierre temporal de servicios sociales básicos o la enseñanza 'online' debido a la covid no ha permitido la detección de casos de maltrato a menores por estos canales, y que sólo han sido detectados a través de los servicios de urgencias médicas.

Una situación "no real" que se pone de manifiesto en las estadísticas del Gobierno aragonés, que reflejan un descenso del 14,5 % en el numero de menores atendidos y de un 40 % de las notificaciones de maltrato infantil respecto a 2019.

Según Dolado, "al suprimirse la intervención directa con los niños y adolescentes en servicios sociales, colegios, centros de salud, centros de tiempo libre o educadores de calle, se ha contribuido a invisibilizar situaciones de riesgo o posible maltrato, apareciendo luego vía servicios de urgencia hospitalaria".

En relación a los menores extranjeros no acompañados, ha destacado una disminución del 57,5 % en el número de llegadas de estos jóvenes a Aragón en 2020, al pasar de 360 un año antes a un total de 153, así como la ausencia de conflictos generados por este grupo.

Ha expresado su preocupación, sin embargo, por la situación de menores extranjeros que han alcanzado la mayoría de edad que, ha subrayado, podrían caer en la indigencia si no obtienen ayudas o permiso de trabajo, entre éstos un total en la actualidad de 150 en la provincia de Huesca.

En relación a este punto, el asesor de El Justicia ha expresado su preocupación ante la posibilidad que este grupo de menores que pierden la tutela al cumplir 18 años quede sin cobertura del ingreso mínimo vital o de las ayudas del Gobierno aragonés.

El informe denuncia, asimismo, la situación de discriminación de los menores con discapacidad intelectual leve o moderada, que dejan de estar tutelados al cumplir la mayoría de edad para pasar obligatoriamente a residencias para adultos, mientras que otros menores no discapacitados pueden acceder a una situación de prórroga al cumplir la mayoría de edad.

En cuanto a los centros de acogida visitados en la Comunidad, un total de 27 (el 85 % del total), el Justicia ha valorado el funcionamiento antes de constatar un descenso del 32 % en el número de menores atendidos, de 423 en 2019 a 286 el año pasado.

Al final de su exposición, Dolado ha reclamado de las administraciones el restablecimiento de programas que contribuyan a "normalizar" la vida de los menores, y a activar protocolos para prevenir y evitar situaciones de riesgo o de maltrato infantil.

También ha demandado que se potencien los protocolos de coordinación entre el sistema de atención a la infancia y la adolescencia con el servicio de salud mental para menores a fin de acelerar el acceso a un tratamiento.

"En un niño de 30 meses, diez meses de espera son un mundo a la hora de recibir tratamiento en salud mental", ha resaltado el asesor de el Justicia, quien ha reclamado un "plan de choque" para hacer frente a esta situación".

El informe, además, reclama la continuación de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Modificación de la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón de 2002, así la adopción de medidas para favorecer la construcción de vivienda social a fin de dar "una mayor cobertura habitacional a las familias con menores en riesgo de exclusión social".