Aragón

COOPERACIÓN

Aragón destinará recursos para impulsar la cooperación descentralizada

Permite llevar a cabo proyectos que surjan desde el ámbito local y que impacten en el desarrollo del territorio en el que se ponen en marcha

Natalia Salvo
Natalia Salvo, directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración
C.A.

El Gobierno de Aragón ha celebrado esta semana el I Encuentro de la cooperación descentralizada para el desarrollo de Aragón, con el objetivo de destinar recursos formativos y de sensibilización hacia este nuevo modelo de cooperación más recíproca y solidaria, en el que se busca una mayor implicación de las administraciones autonómicas, provinciales, comarcales o locales, así como de la sociedad civil en su conjunto, a través de organizaciones no gubernamentales, sindicatos o asociaciones.

Todo ello, permite llevar a cabo proyectos que surjan desde el ámbito local y que realmente impacten en el desarrollo del territorio en el que se ponen en marcha. Para esto, el Ejecutivo autonómico no solo destina recursos económicos sino también de formación.

Se trata de afianzar la apuesta de la Administración regional por este modelo de cooperación, "presente y futuro de las políticas de solidaridad que debemos impulsar", ha subrayado la directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia Salvo, en el primer encuentro dedicado a esta materia, y que se ha celebrado de forma telemática los días 27 y 28 de mayo.

El evento ha servido para profundizar en el conocimiento de esta forma de cooperación internacional, conocer los retos y desafíos que se plantean, especialmente en el contexto actual que vivimos, e intercambiar buenas prácticas con otras instituciones y entidades aragonesas, pero también con organismos e instituciones referentes de otras comunidades autónomas.

En definitiva, la finalidad es implementar una verdadera política de solidaridad que responda a las necesidades actuales, al mismo tiempo que "sentar las bases de un compromiso con la cooperación y seguir avanzando con nuevos proyectos en una tierra que --ha señalado Natalia Salvo-- tiene una larga trayectoria en este campo, en el que destaca el grado de implicación y compromiso por parte de las distintas administraciones, colectivos y entidades sociales, y que es necesario dar a conocer".

Un compromiso que se pone de manifiesto con la actualización de la Ley de Cooperación aragonesa para el Desarrollo en la que se trabaja en estos momentos, con la que se pretende reforzar la cooperación descentralizada y el papel de las entidades locales aragonesas, claves para el fortalecimiento de las estructuras organizativas más cercanas a la ciudadanía, lo que permitirá la creación de modelos de desarrollo innovadores, más sostenibles y participativos que la cooperación centralizada.

Este reto coincide con las políticas de solidaridad impulsadas desde la Unión Europea y algunos organismos internacionales, como la ONU; el Gobierno de España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); y con las propias ONGD que llevan años apostando por ella y reivindicándola.

Colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad

Entre las acciones llevadas a cabo a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración destaca la publicación de un folleto en 2020, en colaboración con la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), que se distribuyó a todas las entidades locales de la comunidad implicándolas en una compra pública ética.

Ésta constituye uno de los pilares de la Agenda 2030, contribuyendo de manera decisiva al avance de la consecución de los ODS, y de las políticas de solidaridad descentralizadas.

Las Administraciones públicas tienen una enorme influencia en el mercado y el entorno. No sólo a través de su actividad normativa, sino también a través de su papel como consumidoras de bienes y servicios.

La compra pública representa un 18 por ciento del producto interior bruto de la Unión Europea, y se concentra en mayor medida en las Administraciones regionales y locales. Debido a su importancia cuantitativa y su valor como referente para la industria y la sociedad civil, cada vez más Administraciones están introduciendo criterios de compra responsable en sus procedimientos de contratación pública, dando preferencia a aquellas empresas proveedoras y productos que apuestan por criterios más exigentes, como son los de Comercio Justo, y atendiendo al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de las personas trabajadoras y lucha contra el trabajo infantil.

Por otro lado, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, a través de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo, ha suscrito un convenio de colaboración con la FAS, por valor de 50.000 euros, en el que se ha puesto el acento en tres aspectos, uno de ellos, el trabajo con las entidades locales aragonesas en materia de políticas de solidaridad, para afianzar el conocimiento de éstas e implicarlas en la apuesta por una política de cooperación descentralizada para Aragón, dotándolas de todas las herramientas que necesiten para ello.

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