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DGA y sindicatos unen fuerzas por la igualdad de oportunidades en la Administración General

Intensificarán la difusión de los acuerdos que protegen los derechos de las embarazadas y de las mujeres víctimas de violencia

Vista general del patio operaciones para la Campaña de la Renta en Zaragoza.
Vista general del patio operaciones para la Campaña de la Renta en Zaragoza.
G. A.

El Gobierno de Aragón y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de la Administración General, CC.OO, UGT y CSIF, unirán sus fuerzas para poner en valor las medidas por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en relación con el acceso al empleo público en la Comunidad Autónoma de Aragón.

De esta manera, reforzarán la difusión de los acuerdos y normas que protegen la identidad de las mujeres víctimas de violencia, o que están en protocolos de acoso sexual y por razones de sexo, y a las embarazadas, cuyo estado de gestación o parto les impidiera personarse en los procesos selectivos en los que hayan sido admitidas.

La decisión del Departamento de Hacienda y Administración Pública y de los sindicatos tiene como objetivo avanzar en las garantías de igualdad efectiva en el seno de la Administración, a la vez que erradicar cualquier rasgo de discriminación que suponga una merma de derechos de las mujeres que tratan de acceder a un empleo público.

Para el Ejecutivo autonómico esta colaboración entre la Administración y los agentes sociales es más necesaria que nunca, ante los numerosos procesos selectivos que se han puesto en marcha por el Gobierno aragonés, especialmente los que afectan a las numerosas categorías del personal laboral.

Ambas partes han calificado de prioritario seguir trabajando para generar las condiciones que permitan alcanzar la igualdad, removiendo los obstáculos que vulneran la igualdad de trato y de oportunidades.

Una de las normas, ya acordada en el año 2018, que se resaltará en esta campaña de colaboración hace referencia a la excepción del llamamiento único a las mujeres que, por su estado de gestación o por el hecho de la maternidad, no puedan realizar determinadas pruebas selectivas, o asumir los periodos de prácticas y el curso de ingreso en la función pública.

Este plan de difusión pretende generalizar entre las aspirantes que pudieran estar en una de estas situaciones, el conocimiento de determinadas leyes autonómicas que las protegen.

De hecho, esta excepción al llamamiento general se podrá solicitar por las embarazadas, siempre que existan razones médicas que lo acrediten, hasta la finalización de la semana 36 de gestación; a partir del primer día de la semana 37 o con anterioridad, si se hubiera producido el parto; y hasta la finalización de las seis semanas posteriores al mismo, o cuando se produzca hospitalización por motivos de embarazo, lactancia o interrupción del embarazo.

Estas medidas, recogidas en una orden del departamento de Hacienda y Administración Pública de 2019 disponen también la posibilidad de adaptar las pruebas de aptitud física y las que requieren esfuerzo físico, si coinciden con el periodo de gestación y parto de las aspirantes.

En estos casos, y si han realizado el resto de las pruebas de la fase de oposición, su nombramiento como funcionarias en prácticas quedará supeditado a la superación de las pruebas pospuestas, una vez finalizado el embarazo y las seis semanas posteriores, en la fecha que determine el tribunal.

Administración y sindicatos han recordado que estas excepciones son de aplicación en las bases de las distintas convocatorias, igual que las que se destinan a proteger la identidad de las mujeres víctimas de violencia o las inmersas en el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo.

La transparencia que preside todas las actuaciones de la Administración obliga a hacer pública la identidad de las personas que participan en los procesos selectivos en las listas de admitidos y excluidos, fundamentalmente, así como de los datos relativos al lugar y la fecha de realización de los diferentes ejercicios.

Sin embargo, este comportamiento ajustado a derecho de la Administración la puede convertir en transmisora de datos que comprometan la seguridad de las víctimas. Por ello, y con la debida acreditación de la situación de víctima, que tramitará el Instituto Aragonés de la Mujer, las interesadas que lo soliciten podrán pedir la seudonimización de sus datos en todas las publicaciones relativas a los concursos públicos de la Comunidad Autónoma.

De este modo, se protegerá la identidad personal de las mujeres que lo precisen, que recibirán un nombre y un DNI, consensuado y ficticio, que custodiará la Dirección General de Función Pública. Esta identidad alternativa será la que se publique en los listados oficiales.

La mujer afectada solo deberá utilizar su identidad real en el nombramiento como funcionaria de carrera, tras superar el proceso selectivo. Además, se prevén otras formas de acreditación para los casos que figuren en el protocolo de acoso sexual.

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