Aragón

Las Cortes de Aragón piden ratios reducidas en centros en desventaja y desdobles

También han pedido no cerrar aulas públicas hasta que finalice el periodo inicial de fuera de plazo

Las aulas cerradas suponen el 0,13% de las clases existentes en toda la Comunidad
Las Cortes han apostado por realizar una oferta de plazas escolares acorde con los datos demográficos
S.E.

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón ha aprobado parte de una moción, presentada por Izquierda Unida que, entre otras cosas, pide al Gobierno autonómico mantener las ratios reducidas, acordes a la oferta de plazas disponibles en la zona de escolarización de cada centro, especialmente en aquellos en desventaja que posibilite mejor atención al alumnado.

También solicita garantizar la apertura de nuevas aulas o desdobles en aquellos centros que escolaricen más del cinco por ciento de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (Acneae) o que acumulen escolares en los últimos cursos de cada ciclo para garantizar una mejor atención.

Estas dos reclamaciones han sido apoyadas por todos los grupos parlamentarios, mientras que otras solo por algunos de ellos y también ha habido propuestas rechazadas por no recabar el número suficiente de votos a favor. La moción ha incluido un punto nuevo respecto a la propuesta inicial, que provenía de unas de las propuestas de modificación planteadas a través de una enmienda conjunta presentada por los grupos que sostienen al Ejecutivo, PSOE, Podemos, CHA y PAR.

Así, las Cortes de Aragón han apostado por realizar una oferta de plazas escolares acorde con los datos demográficos evitando la sobreoferta excesiva en las diferentes zonas escolares y que tenga en cuenta la solicitud de fuera de plazo de cada zona escolar del año anterior.

Además, han abogado por controlar anualmente el cumplimiento mínimo de las ratios de alumnado por aula en todas las concertadas, ajustando la oferta del curso siguiente en ese centro a una distribución más adecuada de los escolares contando con todos los centros existentes.

También han pedido no cerrar aulas públicas hasta que finalice el periodo inicial de fuera de plazo, final de octubre, y se garanticen plazas para dar respuesta a esta realidad durante el curso escolar.

Aportaciones

El Parlamento también ha apostado por garantizar que en ningún caso los centros privados concertados perciben cantidades económicas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponen a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

Los puntos de la moción rechazados pedían, entre otras cosas, mejorar los criterios por los que se otorgan los conciertos educativos, entre los que se incluya las capacidades de escolarización de los centros públicos en esa zona y los centros que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables.

También se proponía no actualizar conciertos donde haya suficiente oferta de plazas públicas e impedirlos con aquellos que recogen una media de alumnado Acneae por debajo del 50 por ciento de la media de su zona o subzona escolar.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha aclarado que con su moción no pretendía debatir sobre los conciertos, "sino sobre planificación educativa", especialmente en la ciudad de Zaragoza, que es donde más problemas ha identificado, como la existencia de aulas con hasta 26 alumnos con necesidades especiales y vulnerables, mientras que centros próximos no acogen a ninguno.

Sanz también ha señalado que en Zaragoza hay 30 aulas concertadas con menos de 15 alumnos y 20 centros en seis subzonas escolares con dos, uno o ningún Acneae, mientras que en uno público de la zona existe una vía con hasta 24 alumnos de este tipo.

El diputado de IU ha defendido la "optimización de recursos" y ha esgrimido que la Constitución "no habla de libertad de elección de centro" y sí de planificación pública, para mostrarse a favor de apoyar los centros concertados "que cumplen" y "no sean sectarios".

Cumplir el marco normativo

El diputado del PSOE, Ignacio Urquizu, ha esgrimido que hay que cumplir el marco normativo, respetar la libertad de elección de centro de los padres y promover una "convivencia pacífica" entre la concertada y la pública, al tiempo que ha sostenido que la situación global es que hay menos alumnos en Educación Infantil por cuestiones demográficas, y si bien ha habido reducción de aulas, no en la misma proporción de forma que se da en estos momentos "el menor ratio de alumnos por aula desde hace casi una década".

La diputada del PP, Pilar Cortés, ha criticado al diputado de IU por querer cerrar aulas concertadas "por cualquier razón", si bien en la "letra" de la iniciativa plantea muchas cuestiones concretas "para que no lo parezca, pero la música es que no quiere que haya concertada", cuando "sería bueno comparar la labor de algunos centros concertados en la atención a la diversidad con algunos centros públicos".

El parlamentario de Ciudadanos, Carlos Trullén, ha opinado, igualmente, que IU "trata de ocultar su cruzada permanente contra la libertad y la educación concertada", cuando "es necesario garantizar la complementariedad de las dos redes, como se aprobó en el ultimo pleno y está en la jurisprudencia".

La representante de Podemos, Itxaso Cabrera, ha esgrimido que la vertebración del territorio "debe ser a través de los servicios públicos" y primando "equidad y calidad" y tras mostrar su acuerdo "con la mayoría" de las premisas de IU, ha subrayado el esfuerzo por mantener el mayor número de aulas abiertas en el territorio, a pesar de la pérdida de alumnos.

No financiar modelos excluyentes

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha defendido una enseñanza pública "de calidad" y "que no se financien modelos educativos excluyentes" para "conseguir una sociedad menos desigualdad con cohesión social", además de apostar por eliminar los conciertos de centros privados "buscando alternativas públicas".

El diputado de VOX, David Arranz, ha estimado que se persigue "fulminar los conciertos y con ello la libertad de elección de los padres", posicionándose "en contra de la libertad" y de la legalidad, en concreto, de la Constitución española, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la facultad de elegir el centro docente de los hijos, sea de titularidad pública o privada "y que los hijos reciban la formación religiosa y moral que se ajuste a las convicciones de los padres".

La representante del PAR, Esther Peirat, ha defendido la libertad de elección "que otorga la legislación a los padres respecto a la educación de sus hijos" y ha opinado, respecto a varias de las cuestiones planteadas por IU, que el Gobierno de Aragón "ya actúa de esa manera".

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