La Inspección de Trabajo ha propuesto sanciones en Aragón por 10,7 millones

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha realizado este año más de 13.330 inspecciones en Aragón en las que se han propuesto sanciones por más de 10,7 millones de euros y se han liquidado 14,42 millones en cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social.

Además, los planes de choque estatales y las visitas a las empresas han permitido convertir en indefinidos 5.145 contratos de trabajo temporales realizados de forma indebida.

Estos son algunos de los datos del balance provisional de la actividad realizada durante 2021 por la Inspección en Aragón que se dieron a conocer en la última reunión de la Comisión Operativa Autonómica, el órgano de cooperación entre el Gobierno de Aragón y el Estado en esta materia, y de los que ha informado este lunes la Consejería de Economía, Planificación y Empleo aragonesa.

Durante el encuentro, se valoró especialmente el plan conjunto diseñado por el Gobierno de Aragón este verano en la campaña agrícola de temporada para garantizar la aplicación de las medidas para evitar la propagación de la covid-19, pasando de 173 inspecciones en 2020 a 776 este año, es decir, multiplicando por 4,5 las visitas realizadas a instalaciones y explotaciones agrícolas y evitando de esta forma los problemas detectados en 2020.

Objetivo para 2022

Según acordó la Comisión Operativa Autonómica, encargada de fijar e impulsar los objetivos y programas de la Inspección a desarrollar en Aragón, este próximo año la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará en la Comunidad 20.487 inspecciones -3.400 de ellas en Huesca, 1.675 en Teruel y 15.412 en Zaragoza-, distribuidas en 96 líneas de trabajo o campañas diferentes.

Unas actuaciones que se orientarán principalmente a detectar y actuar sobre los problemas que afectan de forma directa a las personas trabajadoras en un contexto de recuperación, vigilando la aplicación real de las medidas de prevención de riesgos por parte de las empresas, y para detectar tanto los supuestos de impagos de salarios como las condiciones de trabajo precarias que reducen la protección social a la que tienen derecho.

De esta forma, aspectos como la lucha contra la precariedad, el control de los ERTE y las obligaciones sobre igualdad centrarán la actividad de la Inspección de Trabajo en 2022, que continuará trabajando en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el trabajo no declarado -aplicando técnicas avanzadas de análisis de datos-, en la detección de entramados jurídicos cuyo objetivo es aplicar condiciones inferiores en el trabajo y en la erradicación de cualquier forma de trabajo no reconocido o de precariedad.