Las entidades de la discapacidad se encuentran "al límite" en su sostenibilidad

Las diferentes entidades sociales de la Discapacidad (física y orgánica, intelectual, visual, auditiva y salud mental), que aglutina el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Aragón) experimentan una situación límite en su sostenibilidad debido a la difícil situación financiera actual.

Esta situación viene propiciada por el aumento de los precios de la energía, del transporte, la alimentación o por los incrementos del S.M.I y de un 6,5% del IPC, con el consiguiente aumento de gasto en funcionamiento, suministros y proveedores.

"Las entidades que prestamos servicios a personas con discapacidad pertenecemos al Sistema Público de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, por lo que reclamamos el compromiso de la administración pública para que se financie suficientemente y acorde a los precios y salarios actuales dicho Sistema, cuyo fin primordial es atender a las personas con discapacidad", explican en un comunicado.

En la actualidad, señalan, "se tiene firmado un protocolo de actuación con el Gobierno de Aragón para impulsar una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias".

Una de las reivindicaciones principales de estas mesas es, por otra parte, "el incremento del precio de las plazas de centros asistenciales del Sistema Público de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, ya que solo ha se han comprometido a subir el 2 % a partir del 1 de julio de este año 2022, lo que realmente supone un 1% real anual".

"De este modo, de aplicarse solo este incremento, las entidades no podrán atender a las personas con la calidad que requiere el Sistema Público de Servicios Sociales, y las entidades que sí trabajamos por esa calidad tendrían que hacer frente a una situación financiera insostenible provocada por los datos mencionados con anterioridad", continua.

CERMI-Aragón y, por tanto, sus entidades sociales, buscan así con esta petición "seguir trabajando para atender a las personas con discapacidad y sus familias con calidad en el Sistema Públicos de Servicios Sociales, desarrollar la Ley de Derechos y Garantías de Personas con Discapacidad y velar por una posible y correcta sostenibilidad de las entidades de la discapacidad y los servicios que prestan".