Aragón

INFORME ANUAL

El Justicia de Aragón tramita casi 2.700 expedientes en 2021, centrados en la sanidad y las prestaciones sociales

El lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, ha entregado el informe anual de 2021 al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada

El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández.
El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, y el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández.
E.P.

El Justicia de Aragón ha tramitado durante 2021 un total de 2.699 expedientes por quejas ciudadanas respecto del funcionamiento de las Administraciones públicas, que han derivado en 270 resoluciones, muchas de ellas referentes a la Atención Primaria del SALUD y las prestaciones sociales.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, el lugarteniente del Justicia, Javier Hernández, quien este miércoles ha entregado el informe anual de 2021 al presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada. En 2021 las Administraciones han aceptado el 74 por ciento de las sugerencias y recomendaciones del Justicia de Aragón.

Hernández ha destacado "el incremento progresivo" de expedientes, un 30 por ciento más que el año anterior, matizando que "muchas de las quejas, en torno al 30 por ciento, no han dado lugar a tramitación ordinaria", en parte porque ya se habían solventado.

En Sanidad ha aumentado un 253 por ciento el número de expedientes, pasando de 153 a 280, muchos de ellos en relación a la Atención Primaria, en especial por la no presencialidad de las consultas, lo que también ha ocurrido con los Servicios Sociales. Ha aplaudido el impulso a la administración electrónica, puntualizando que es la Administración la que debe servir al ciudadano "y no a la inversa".

También ha llamado la atención del aumento de un 53 por ciento de las quejas en Servicios Sociales, centradas en las prestaciones por el cambio del IAI al Ingreso Mínimo Vital. Precisamente, una de las preocupaciones de Dolado es el aumento de la exclusión social, manifestando en su informe que "cada vez son más quienes quedan descolgados de los estándares mínimos necesarios para llevar una vida digna y plena en todos los aspectos".

Cuando se implantó el IMV hubo un periodo transitorio de solapamiento, pero el Departamento fue "suficientemente rápido" y aprobó una normativa de transición, ha dicho Fernández, indicando que la forma de trabajar de la Administración autonómica y la general del Estado son "distintas".

La inquietud motivada por las decisiones sobre la incorporación de los alumnos a las aulas en el segundo trimetre del curso 2020/2021 o sobre cómo proceder ante el inicio del curso siguiente han sido objeto de la tramitación de numerosos expedientes en el área de Educación, destacando también las necesidades tecnológicas por la educación semipresencial o digital.

El Justiciazgo también ha tramitado expedientes por quejas que atañen a las viviendas de alquiler social, lo que ha motivado la elaboración de un informe especial sobre vivienda social, del que se desprende que el parque de vivienda social "no responde a las necesidades de la ciudadanía y se ha visto desbordado por los efectos de la pandemia".

El informe recoge otras obligaciones que establecen distintas leyes, por ejemplo la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, la legilación sobre igualdad y la normativa sobre derechos históricos, parte de la cual sigue vigente.

Además, en 2021 el Foro de Derecho Aragonés ha alcanzado su trigésima edición y también se ha celebrado un Foro de Derechos Ciudadanos centrado en el medio ambiente, a lo que se suma la difusión de la historia y el Derecho aragonés mediante publicaciones y conferencias.

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